25 de octubre de 2009
25.10.2009
Políticos bajo sospecha. Los casos son tantos que ya no se pueden contar con los dedos de la mano

¿Está la corrupción en nuestro ADN?

Los expertos desacreditan a quienes piensan que forma parte de ´lo nostro´ y fijan el ´tumor´ en las contrataciones a dedo

24.10.2009 | 21:47
¿Está la corrupción en nuestro ADN?
Usted no tiene dedos en las manos para contar los casos de corrupción política que bañan esta tierra. ¿Por qué se envician las instituciones? Muchos lo atribuyen al carácter de los pueblos mediterráneos. Como si sus moradores transitaran por este mundo con el mangoneo grabado en su ADN. Los hay que cierran todavía más el objetivo de su cámara y enfocan al modo de vida de los mallorquines, forjado tras siglos de coexistencia en una isla donde el compadreo y las influencias se labran en fuerte madera de almendro.
Para los que no cree en clichés ni dimonis, el profesor de Ciencia Política Víctor Lapuente, del Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), ofrece respuestas menos metafísicas y más sensatas, lejos de atavismos. Lapuente desconfía de los interesados en perpetuar el matrimonio entre corrupción e idiosincrasia, lo nostro, como si fuera una unión inevitable. "Posiblemente, son los mismos que afirmaban no hace tanto tiempo que la democracia representativa o el capitalismo no tenían espacio en nuestra cultura mediterránea y católica", rebate en un artículo.
Balears goza de un amplio currículum de putefracción política, ampliado y mejorado tras la última legislatura, cuatro años de frenesí inversor (¿despilfarro?) de las instituciones públicas. Sin mencionar asuntos ´menores´, podemos citar de corrido los casos Andratx, Plan Territorial, Son Oms, Can Domenge, Ayudas, Bitel II, Palma Arena, Ibiza Centro, Peaje, Scala, Turisme Jove, De Santos, Ibatur, Funeraria de Palma, Rabasco... Seguro que me dejo alguno en el tintero. También es muy probable que otros muchos no hayan saltado a las páginas de los periódicos ni reposen en los cajones de los fiscales.
En su informe de corrupción local, el Tribunal de Cuentas achaca esta necrosis a la "falta de regulación", que "permite un margen de discrecionalidad nada acorde con la protección del interés público". El profesor Víctor Lapuente refresca la memoria al Tribunal de Cuentas cuando le dice que España es uno de los países con mayor proporción de abogados en sus administraciones. También le recuerda que en los países nórdicos, paradigmas del juego limpio, dejan manos libres a los auditores públicos para llevar a cabo su labor de fiscalización.
¿Donde reside el tumor de la corrupción? El estudioso de la Universidad de Gotemburgo lo cartografía en la politización de las instituciones. O lo que es lo mismo, "las administraciones más proclives a la corrupción son aquellas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político", dice Víctor Lapuente.
De eso saben mucho los partidos de las islas. Cada noche electoral se convierte en orgía y funeral, depende de la sede. La risa y el llanto no obedecen al triunfo o debacle de una ideología y su proyecto político. No. La risa y el llanto se suscitan al perder o ganar un puesto de trabajo bien remunerado o una adjudicación millonaria. Son miles de economías domésticas que dependen del vaivén electoral. En el caso de Unió Mallorquina, se ha acuñado el lema "un voto, un cargo".
¿Cuántos asesores y altos cargos hay colocados a dedo en los 67 municipios, los cuatro consells, el Govern y la Administración periférica del Estado? Nadie lo sabe a ciencia cierta. En el Consell de Mallorca se habla de un centenar y en el Govern, de más de 300. Gente que cobra entre 34.000 euros, los peor pagados, y 60.000. A este tropel cabe añadir los empleados en empresas públicas, fundaciones y consorcios. Una legión.
Y aquí el contraste entre Balears y los países europeos con niveles bajos de corrupción. En una ciudad europea de 100.000 a 500.000 habitantes, explica Víctor Lapuente, puede haber, incluyendo al alcalde, "dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido X gane las elecciones". ¿Se imaginan algo parecido aquí?
En Balears los partidos crean una red clientelar de perversas consecuencias. "Los empleados públicos con un horizonte laboral limitado por la incertidumbre de las próximas elecciones son más propensos a aceptar o solicitar sobornos a cambio de tratos de favor", asevera el profesor. Además, en España toda la cadena de decisión de una política pública está en manos de "personas que comparten un objetivo común, ganar elecciones". Esto hace que se toleren con más facilidad los comportamientos ilícitos.
Un ejemplo, el ex president del Govern Jaume Matas. ¿Quién le iba a contradecir? Ni siquiera su escolta, porque la mujer de este hombre fue fichada a dedo en la Fundación Illesport, según ha sabido este periodista. ¿Denunciaría cualquier trato de favor la anterior directora general de Tecnología y Comunicaciones, Encarnación Padilla? Imposible. Era la mujer del cuñado de Matas, Fernando Areal. Estos casos pedestres valen para los mandatarios de ahora.
¿Acaso Matas no fomentó conscientemente la descomposición de la empresa pública de informática Bitel al fichar a Damià Vidal como gerente? Vidal ha admitido la malversación de fondos públicos y el cobro de comisiones, pero antes de caer en estos pecados, había salvado el cuello de Matas. Cuando el ex president fue acusado de espiar el correo electrónico del malogrado Francesc Quetglas, por entonces conseller insular de Urbanismo, Damià Vidal ejerció como perito de la defensa. Su testimonio resultó crucial para que el Tribunal Supremo se desentendiera del asunto.
¿Qué se puede hacer para evitarlo? Víctor Lapuente recoge la experiencia de muchas ciudades de Estados Unidos a finales del siglo XIX y XX, con niveles de corrupción tan estratosféricos "como los reflejados en la película Gangs of New York". La putefracción descendió significativamente cuando el poder ejecutivo pasó a manos de empleados públicos cuya continuidad en el cargo dependía de su competencia y su permanencia no coincidía con el ciclo electoral. Lapuente aconseja que, como en los países nórdicos, estos funcionarios no tengan una plaza en propiedad, sino que se rijan por la legislación laboral como cualquier trabajador del sector privado.
Los primeros en defender estas prácticas en EEUU fueron los que generaban riqueza, convencidos de que la estaban malgastando los malos políticos y sus redes clientelares. Los empresarios de aquí todavía no han levantado la voz.
Ni un solo partido de las islas ha propuesto una receta de estas características. Todo lo contrario, cuando decaen los ingresos públicos, rapiñan los restos del botín en negociaciones maratonianas.
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