El conseller de Turismo, Miquel Nadal, dijo hoy que confía "plenamente en la inocencia de la señora Munar", tras ser preguntado por la imputación judicial de la presidenta del Parlament en el caso Can Domenge, recogida en la providencia dictada ayer por el magistrado instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), Javier Muñoz.

Miquel Nadal está imputado junto al presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer, y el diputado del Grupo Mixto, Bartomeu Vicens, en el caso Can Domenge, cuya instrucción asumió el magistrado Muñoz el pasado 8 de octubre por la condición de aforados de los dos diputados.

La imputación de Munar se produce a raíz de la querella interpuesta por Núñez y Navarro en 2007 contra todos los consellers del Consell de Mallorca que en la pasada legislatura votaron a favor de la venta del solar, los dieciséis del PP y los dos de UM, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a la administración.

Cuando se produjo la operación, la actual presidenta de la Cámara autonómica era la máxima responsable del gobierno de Mallorca, por lo que su nombre también aparece en la querella.

Sin embargo, en la providencia del juez, donde también se cita en calidad de imputado al entonces portavoz del PP en el Consell, Fernando Rubio, no se especifican los delitos que se les imputan, si bien la jueza que inició la instrucción de la causa en el juzgado número 12 de Palma contempla tres supuestos ilícitos en los que pudieron incurrir los imputados: prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.

Los tribunales deberán esclarecer si los inculpados adjudicaron los solares de Can Domenge a la UTE Sacresa-Ferrá Tur por un precio muy inferior al de mercado (60 millones de euros), mediante el artificio de poner en el concurso un precio máximo a la enajenación (30 millones). Pese a que la constructora Núñez y Navarro ofrecía 60 millones de euros, los terrenos fueron adjudicados a la empresa catalana Sacresa y la mallorquina Ferrà Tur, que ofrecieron la mitad.

Las sospechas sobre las irregularidades que pudieron rodear la enajenación de Can Domenge se fundamentan en una concatenación de hechos que apuntan a una voluntad expresa de la administración para adjudicar el solar a Sacresa. Así, el Consell incluyó una cláusula en el concurso que fijaba un precio máximo de 30 millones de euros para la venta del solar, que coincide con el precio que ofreció la UTE adjudicataria.

Además, Miquel Nadal, entonces vicepresidente del Consell, se reunió meses antes de la convocatoria del concurso público con un responsable de la constructora catalana, la cual a su vez encargó al arquitecto Jean Nouvel la elaboración de una primera fase del proyecto, cuando ninguna otro empresario tenía conocimiento de la celebración de un concurso para enajenar esos terrenos.