Las patronales de bares y restaurantes de Balears van a exigir a la Administración que compense económicamente a los establecimientos que realizaron inversiones en 2005 para adaptarse a la Ley Antitabaco, en el caso de que finalmente se endurezca esta norma y se prohiba totalmente fumar en locales públicos, según han coincidido en anunciar el presidente de Pimem, Juan Cabrera, y el gerente de la asociación de restauración de Caeb, Eduardo Suárez. Esta reacción se produce tras las declaraciones realizadas en ese sentido por la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, y el conseller del ramo, Vicenç Thomàs.
Eduardo Suárez advirtió que un aumento en las restricciones para el consumo de tabaco en bares y restaurantes conllevará un perjuicio económico para las empresas del sector, especialmente negativo en unos momentos de crisis económica y de caída en la facturación, pero reconoció que todo apunta a que esa va a ser la tendencia a la que parece abocado el sector, de ahí que se asuma como inevitable. Igualmente, Juan Cabrera admitió que no es contrario a que se prohiba fumar en los establecimientos del sector. Sin embargo, ambos pusieron de relieve que lo que se reclama desde el empresariado es que "se dejen de medias tintas y nos aclaren de una vez qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer".
Inversiones inútiles
Porque ambas organizaciones apuntan a que la falta de definición supone el principal problema. Así, se recuerda que la actual Ley Antitabaco hizo que muchos establecimientos tuvieran que hacer inversiones para separar las zonas de fumadores de las de no fumadores, y que ahora se encuentran con que cuatro años más tarde ya se plantean cambios que hacen que esos desembolsos dejen de tener la menor utilidad.
Juan Cabrera no ocultó su indignación ante las declaraciones de responsables sanitarios que afirman que el gasto realizado en su momento no fue importante, ya que "ellos no tienen derecho a considerar si esas inversiones supusieron mucho o poco esfuerzo para las empresas".
Es por ello que tanto el presidente de Pimem como el gerente de Caeb-Restauración anuncian que ambas patronales van a exigir compensaciones a las Administraciones en el caso de que se apruebe una nueva normativa que suponga un cambio en las reglas de juego fijadas hace unos pocos años.
En concreto, Juan Cabrera anunció que su organización está dispuesta a elaborar una lista con todos los establecimientos asociados que se vieran obligados a realizar reformas, que será remitida al Gobierno central.
En cualquier caso, el presidente de Pimem no descartó que las declaraciones de la ministra Trinidad Jiménez, en relación a ese posible endurecimiento de la normativa, no sea más que "otra cortina de humo" destinada a desviar la atención de los problemas económicos. Además, Cabrera y Suárez recuerdan que la medida nunca tendrá un carácter inminente, al precisar de la elaboración de un borrador y un proyecto de ley para su posterior tramitación en el Parlamento español, con la correspondiente presentación de enmiendas por parte de los diferentes grupos políticos.
