La Policía Nacional está investigando la adjudicación del videomarcador del Palma Arena a un amigo de Pepote Ballester, el ex director general de Deportes. Los agentes tratan de averiguar si se amañó el proceso y hubo un trato de favor para beneficiar a esta persona. El proveedor del equipamiento, cuyo coste total superó los seis millones de euros, además es pariente del publicista encargado de la promoción del velódromo. Los investigadores del grupo de Delincuencia Económica de la Policía están analizando el sobrecoste del marcador, que fue presentado a bombo y platillo en julio de 2007 como el más grande de Europa y único en el mundo. A pesar de las prisas por acabar el Palma Arena a tiempo para el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista, el equipamiento, denominado LiveScreen, no fue instalado hasta el verano de 2007 cuando ya se había celebrado la prueba.

Otra de las supuestas irregularidades que se pretende aclarar es el hecho de que en octubre de 2006 se tuvo que reforzar la estructura de la cubierta del polémico velódromo para poder soportar un peso que no se había previsto de aproximadamente diez toneladas para el videomarcador cuando en esas fechas todavía no se había licitado el equipamiento.

Los arquitectos del Palma Arena, los hermanos García-Ruiz, que el pasado viernes declararon durante nueve horas ante el magistrado José Castro, detallaron los pormenores del marcador. Según su versión, hicieron una propuesta de 5,9 millones de euros para su adjudicación, porque en el caso de que se superaran los seis millones de euros, la propuesta tenía que publicarse en toda Europa. Los técnicos explicaron que como no había tiempo y la prioridad era poder acabar el velódromo en el plazo previsto, se fijó dicha cantidad, lo que también permitía que se realizara una adjudicación directa.

Finalmente, hubo una mesa de contratación en la que se presentaron tres presupuestos. Se escogió uno de ellos, el de la empresa Smartvision, porque al parecer esta sociedad disponía de fábrica propia. La Policía está investigando si durante este proceso se produjo alguna irregularidad o trato de favor al adjudicatario. Al parecer, una de las empresas rechazadas se quejó de cómo se había desarrollado la contratación.

El proveedor del marcador de alto coste supuestamente tenía una buena relación con uno de los implicados en la presunta trama de corrupción en torno al Palma Arena, Pepote Ballester. El ex gerente del Consorcio, Jorge Moisés, se desvinculó del tema e incluso dijo que se sorprendió al enterarse de quién había sido la persona que había firmado la ampliación del marcador.

Los arquitectos García-Ruiz puntualizaron que en los 5,9 millones de euros de la adjudicación del videomarcador no se había podido incluir el sobrecoste de la estructura, por lo que la cifra final realmente fue mayor, tal y como habían acordado con la UTE y el Consorcio.