Los hermanos García-Ruíz declararon durante nueve horas ante el juez Castro, los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, los letrados de la acusación del bufete Pomar y los abogados defensores, Josep Zaforteza y Ramon Riutord. Los arquitectos salieron libres, pero el juez fijó una fianza de responsabilidad civil de 1.200.000 euros de forma solidaria y conjunta. Riutord anunció que interpondrá un recurso.
