La que fue número dos de Rosa Estarás en la Vicepresidencia del Govern en la pasada legislatura, Jane King, prestó ayer declaración por espacio de dos horas ante el juez José Castro, que investiga un presunto entramado de corrupción en torno a la construcción del velódromo del Palma Arena, cuyas principales decisiones achaca a órdenes directas de "las más altas instancias" del Ejecutivo Matas.
King, asistida por el letrado Laureano Arquero, fue interrogada por el magistrado y los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, por su supuesta implicación en la trama. La imputada era la secretaria general técnica de la vicepresidenta del Govern y consellera de Relaciones Institucionales, Rosa Estarás, lo que en el staff del anterior Ejecutivo autonómico la situaba inmediatamente por debajo de la ahora eurodiputada y presidenta del PP.
La Conselleria que a la sazón dirigía Rosa Estarás autorizó las aportaciones económicas del Govern al consorcio encargado de levantar el Palma Arena, para sufragar la mayor parte de las obras en la actualidad bajo sospecha.
Al parecer, King ordenó al ex director-gerente del consorcio para la construcción del Palma Arena, Jorge Moisés –que se ha librado de la cárcel previo pago de una fianza de 50.000 euros–, que redactara un informe de accesibilidad al velódromo para personas con movilidad reducida, un trabajo por el que habría cobrado unos 10.000 euros.
El documento no se encuentra
Aparte de que el también imputado facturara dicha cantidad al consorcio público que él mismo dirigía, lo más llamativo para los responsables de la investigación judicial es que lo realizara careciendo de la mínima cualificación técnica para ello (antes de ser aupado por el PP a la gerencia de la obra del Palma Arena, Moisés había trabajado como periodista deportivo). Además de ello, los investigadores no han encontrado el informe por ningún lado, si bien Moisés aseguró el pasado sábado ante el magistrado y los fiscales que él había hecho el trabajo y lo había entregado.
Por su parte, a la segunda de a bordo de Estarás ayer se le interrogó sobre si Moisés la influenciaba para que muchos de los encargos relacionados con el velódromo eludieran el procedimiento público de contratación. Y es que el ex director-gerente negó haber presionado a King para que el importe de los grandes trabajos se dividiera en adjudicaciones inferiores a los 12.000 euros –límite máximo para exonerarse de la licitación pública–, siendo siempre el beneficiado de las mismas otro de los arrestados en libertad, el propietario de la agencia de publicidad Nimbus, Miguel Romero de la Cerda. Éste está acusado, entre otros delitos, de hinchar facturas para repartir luego comisiones a Moisés.
La comparecencia ayer ante el magistrado de King fue instada por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, que lleva el grueso de la investigación en el velódromo. Inicialmente, la ex secretaria general técnica de Estarás prestó declaración en calidad de testigo en las dependencias policiales. Posteriormente, fue llamada de nuevo, ya en calidad de imputada.
