Los grilletes en las muñecas de los arrestados por el caso Palma Arena han abierto una brecha entre el delegado del Gobierno, Ramon Socías, y los sindicatos policiales. Las tres asociaciones del cuerpo se han rebelado contra el socialista, a quien acusan de dar una orden "ilegal", al pedir a los mandos un trato preferencial para los imputados.

La "instrucción directa" de Socías consistía en que "les respetaran como personas, les dieran agua y ropa limpia y su conducción a los juzgados fuera sin esposas". La orden se quedó a medio camino porque al comisario jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, Alfonso Jiménez, se le olvidó transmitirla a sus subordinados, según él mismo ha confesado. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) tachó ayer de "ilegal" el mandamiento del delegado del Gobierno y pidió su "dimisión". El SUP entiende que la exigencia de Socías contradice una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre las personas detenidas o bajo custodia. El sindicato también sitúa en la picota al jefe superior de Policía en Balears, Bartomeu Campaner, por aceptar y trasladar el precepto de Socías y, de este modo, incumplir lo dispuesto en la citada circular de la Secretaría de Estado.

En cambio, el SUP saca la cara por el comisario Jiménez: "No es aceptable una sanción por un error involuntario cuando hay una confesión de haber dado órdenes ilegales o cuando menos contrarias a las normas escritas". La otra agrupación del gremio, la Confederación Española de Policía (CEP), ha reclamado al ministerio de Interior que impida la "caza de brujas" del delegado del Gobierno y expresa su "respaldo" al mando que "olvidó" comunicar los deseos de Socías. "El uso de las medidas de seguridad, en este caso engrilletamiento, fue correcto, ponderado y aconsejable", dice el CEP. Este colectivo "no está dispuesto a que el jefe superior de la Policía en Balears y el representante del Ejecutivo central ventilen sus responsabilidades con la elección de un cabeza de turco". La tercera asociación, la Unión Federal de Policía (UFP), recuerda al Gobierno que los agentes no colocan las ligaduras en función de "si llevan a un político o a un terrorista", sino para garantizarse su propia seguridad y la del conducido. "Para las Fuerzas de Seguridad, todos son personas inmersas en un procedimiento judicial", puntualizan.

Socias hizo pública ayer una nota de prensa en la que sale al paso de las acusaciones de los sindicatos, reprocha al SUP su cambio de opinión inicial, cuando se quejó de una custodia impropia de un estado democrático y, como las organizaciones policiales, también se remite a una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad. El texto dice que los traslados "se realizarán proporcionando un trato digno y respetuoso con los derechos fundamentales", pero "compatible con las incomodidades de la conducción. [...] Se utilizarán los medios materiales y humanos que aconsejen las circunstancias, teniendo en cuenta la peligrosidad del detenido, los hechos que se le imputan o la duración del recorrido".

Socias entiende que no ha comunicado una instrucción ilegal, debido a la "notoriedad" del caso y "la personalidad de los detenidos, su ausencia de peligrosidad, el escaso riesgo de fuga y las consecuencias que sobre sus derechos fundamentales podría tener". Fruto de la suma de circunstancias, considera que la custodia se podía haber desarrollado "sin esposamiento".