El Sindicato Unificado de Policía (SUP) exigió hoy la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socías, por emitir una orden "ilegal" cuando pidió que los cinco detenidos dentro del caso Palma Arena que pasaron a disposición judicial el pasado sábado no fuesen esposados, un mandato que "vulnera" el protocolo establecido por la Secretaría de Estado de Seguridad sobre las personas detenidas o bajo custodia policial.
En declaraciones a Europa Press, el secretario de Prevención de Riesgos Laborales del SUP, Alfonso Alaiz, explicó que la asociación ha elaborado un informe sobre las condiciones en que fueron trasladados los arrestados, entre los que se encontraban el portavoz del PP de Palma, Rafael Duran, y el ex director de Deportes del Govern, 'Pepote' Ballester, y en el que se expone que el traslado se produjo "conforme a las medidas de seguridad establecidas para garantizar la intimidad de los detenidos".
En este sentido, el informe critica que la orden de Socías de "no dar un espectáculo" y que los cinco imputados no fuesen engrilletados está "fuera de toda norma", pese a que finalmente el mandato no fue obedecido -el comisario jefe de Seguridad Ciudadana en Baleares ha asumido la responsabilidad en el error de trasladar las órdenes-. "Dando esta orden se está ofreciendo beneficios a determinados arrestados incumpliendo el protocolo".
ESPOSAS BIEN COLOCADAS PERO ESCASEZ PERSONAL
Tal y como defendió Alaiz, a los cinco detenidos se les facilitó ropa y se tomaron medidas para garantizar su intimidad, en cumplimiento de lo dispuesto en una instrucción del protocolo de la Secretaría de Estado de Seguridad, que establece que los policías deben adoptar las medidas necesarias para custodiar a los arrestados. Sí lamentó, no obstante, el personal "insuficiente" que condujo a los cinco detenidos a los Juzgados, cuando la normativa dispone que debe haber un policía por arrestado.
Al mismo tiempo, criticó la polémica generada por el hecho de que los encausados fueran esposados "derecha con derecha" -estar engrilletados de este modo provocaba que anduviesen con mayor dificultad y no poder esconder las manos esposadas ante los medios-. Al respecto, Alaiz manifestó que en Baleares es un procedimiento habitual y que permite que los detenidos vayan más controlados, velando por la seguridad de ellos mismos "principalmente cuando hay una mayor aglomeración de personas".
Este era el caso del pasado sábado, cuando numerosos medios de comunicación aguardaban a las puertas de las dependencias judiciales de Vía Alemania la llegada de los detenidos por el Palma Arena, procedentes de los calabozos de la Policía Nacional, donde agotaron las 72 horas de arresto. Por ello, subrayó que es "tajantemente mentira" que la pretensión de los efectivos policiales fuese generar "expectación mediática" y "exponerlos públicamente ante los medios".
CONTENIDO DEL INFORME
El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que las órdenes impartidas por Socías verbalmente al jefe Superior de Policía, comisario jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, al inspector jefe del Grupo de conducciones, al subinspector, al oficial y por último a los policías, son ilegales por ser contrarias a lo dispuesto en la Instrucción 12/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre las personas detenidas o bajo custodia policial.
Este apartado del protocolo establece, de este modo, que es el policía quien debe decidir, en función de las circunstancias concurrentes, la forma de realizar el traslado respetando los derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial. Es por ello que el SUP afirma que el representante del Gobierno central en las islas dio una orden ilegal y "debe dimitir o ser cesado por ello".
El sindicato apunta en el documento a la necesidad de abrir una información sobre el responsable del servicio de seguridad del centro judicial de Palma, donde se permitió el acceso de los medios de comunicación al interior del parking judicial para captar las imágenes de los detenidos.
En este sentido, el SUP responsabiliza de la polémica al cargo que autorizó el acceso de los medios al interior del parking, facilitando la captación de imágenes de los detenidos y su posterior difusión. Al respecto, instó al Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía o el juez Decano de Palma una investigación para determinar la persona responsable y que "sin duda es del ámbito del Ministerio de Justicia". Por último, también consideró responsables a quienes "no han establecido un protocolo de trasladado de detenidos garantista, dejándolo al albur de decisiones policiales personales o de la voluntad de los responsables políticos".
