CEP exige a Interior que evite la "caza de brujas" del delegado del Gobierno

En un comunicado, la CEP respalda al comisario jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la capital balear, a quien consideran que se le ha elegido como "cabeza de turco" del polémico traslado de los detenidos en la "operación Espada" hasta una de las sedes judiciales de la isla.

El sindicato dice que no está dispuesto a que el jefe superior de Policía en Baleares y el delegado del Gobierno o el ministro del Interior "ventilen" sus responsabilidades con la elección de un "cabeza de turco" que, a su juicio, es "absolutamente inocente de cualquier negligencia o irregularidad en su trabajo".

Además, recalca que el comisario ha tenido "la gallardía y nobleza de impedir que la búsqueda de culpables recaiga sobre escalas inferiores".

En su opinión, el comisario ha asumido "con honor" un problema que "no es de la Policía", ya que la polémica "no reside en no engrilletar a los cinco detenidos por la investigación de corrupción financiera sobre el "caso Palma Arena", sino en la exposición mediática que se hizo de su traslado a sede judicial.

Para la CEP, las medidas de seguridad empleadas fueron correctas, ponderadas y aconsejables, pero fue "innecesaria y humillante" la "exposición a los medios de comunicación, trasladando una imagen de un ensañamiento hacia ellos que lesionó gravemente sus derechos a la imagen, la intimidad y la presunción de inocencia".

Por ello se pregunta quién autorizó la presencia de los medios de comunicación en el interior de la sede judicial, puesto que las imágenes de la salida de la furgoneta y el ingreso en el Juzgado , según el sindicato, fueron grabadas en el interior del patio del edificio y no en la calle.

Según la CEP, el trato que recibieron los detenidos por parte de los policías fue "exquisito" y además les facilitaron una serie de comodidades a las que habitualmente no tiene acceso cualquier detenido, entre ellas la posibilidad de ducharse, asearse o de beber agua embotellada.

Y recuerda que la Policía tiene atribuida "la facultad de atemperar el tratamiento que recibe un ciudadano cuando es detenido y trasladado posteriormente a disposición judicial".

"El hacer uso de esta función es algo potestativo, no obligatorio, que se articula en función de las necesidades de cada momento, no cuando lo diga el delegado del Gobierno o el jefe superior de Policía en Baleares", concluye la CEP.

La única orden que tanto el delegado del Gobierno como el jefe superior debieron transmitir, por escrito y no verbalmente, según el sindicato, es la de garantizar el respeto a la intimidad, imagen y presunción de inocencia de los detenidos.

Por ello, reclama a Interior, y especialmente a la Secretaría de Estado de Seguridad, que asuma su responsabilidad y "tome las riendas de una investigación" que llevan a cabo Socías y el Jefe Superior, porque "tienen intereses muy directos, por acción u omisión, en ella".