Los investigadores del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía sospechan que parte del dinero que supuestamente se ha malversado con la construcción del Palma Arena se ha desviado a través de campañas de publicidad. Esta misión habría sido encomendada, según las fuentes, al propietario de la empresa Nimbus, Miguel Romero, que ayer fue interrogado sobre este extremo. Después, y a diferencia de otros detenidos en esta operación, fue conducido de nuevo a los calabozos, según confirmó su abogado Antoni Coll.
Romero negó ayer en el transcurso de su deposición que como contrapartida a su trabajo en el Palma Arena hubiera colaborado en la financiación del Partido Popular.
Los investigadores, dirigidos por los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, tienen en su poder el contrato que suscribieron los arquitectos García Ruiz para hacerse cargo del proyecto técnico del velódromo. Los dos hermanos asumieron este trabajo tras prescindir el Govern de los servicios del alemán Ralf Schürmann, máxima autoridad mundial en el diseño de pistas de ciclismo. En una de las cláusulas se establece que los arquitectos, además de dirigir la obra, también asumirían el coste de la promoción del velódromo, amén de otras funciones que se alejan del control técnico del proyecto.
Los García Ruiz facturaron al Consorcio unos nueve millones de euros, aunque, según su versión, con este dinero se abonó la publicidad, el salario del ingeniero y la compra de una serie de materiales que se instalaron en el velódromo. A los investigadores les ha sorprendido esta circunstancia ya que no es habitual que un arquitecto asuma tareas más allá de las cuestiones técnicas propias de la obra, y mucho menos que exija en un contrato asumir el proceso de publicidad y de promoción, como ha ocurrido en este caso.
Los investigadores también tienen en su poder una serie de facturas sobre los gastos de publicidad que se han abonado a la empresa Nimbus. Dichas facturas suman unos 500.000 euros una cantidad que se estima exagerada y desproporcionada para promocionar una empresa pública. Nimbus no tuvo que presentarse a ningún concurso público para asumir este trabajo. Fue designada directamente.
Pero esta cantidad, medio millón de euros, en ningún caso, justificaría que para terminar esta obra se hubiera gastado más del doble del dinero que inicialmente se presupuestó. El velódromo Palma Arena debía haber costado alrededor de 45 millones de euros, pero el precio final ha ascendido a unos 110 millones. Por tanto, los investigadores creen que se debieron utilizar otras estratagemas para desviar fondos públicos que entraron en bolsillos particulares o en las arcas de otras instituciones. Anticorrupción considera que este desvió de fondos no se pudo llevar a cabo sin una actuación conjunta entre los políticos que aprobaban el pago de las facturas y los técnicos que participaban en la obra.
