08 de agosto de 2009
08.08.2009
Operación Espada. El antiguo gestor asegura que no tenía voto y "Muy poca voz" en las decisiones

El ex gerente del Palma Arena carga contra el arquitecto alemán

Moisés dice que el proyecto de Schürmann, autor de la pista olímpica de Pekín, era "deficiente" y originó los desfases

08.08.2009 | 03:21
Gaspar Oliver, abogado de Jorge Moisés, atiende, ayer, los requerimientos de la prensa.
El ex director gerente del Palma Arena, Jorge Moisés, prestó ayer declaración ante los fiscales Anticorrupción y descargó las culpas sobre el autor del proyecto original, el gurú de los velódromos Ralf Schürmann. La estrategia de los detenidos consiste en convertir al arquitecto alemán en cabeza de turco. El jueves la puso en práctica el ingeniero Miguel Ángel Verger y el gerente del consorcio público ha seguido el mismo sendero argumental contra el diseñador de 120 pistas de ciclismo, incluida la olímpica de Pekín.
Durante el interrogatorio de cinco horas, Moisés tildó el proyecto de Schürmann de "muy deficiente". El antiguo periodista deportivo, protagonista de una trayectoria meteórica en la pasada legislatura, atribuyó al profesional germano errores de bulto, como no incluir el importe de la pista en el presupuesto. El anillo sin contabilizar costaba, según él, tres millones de euros y habría contribuido al desfase económico.
Jorge Moisés, defendido por el abogado Gaspar Oliver, admitió la existencia de deficiencias en el recinto debido a las "prisas" por acabarlo antes de los mundiales de ciclismo (marzo de 2007) y a causa de los retrasos de Schürmann. Por este motivo, dijo, se defenestró al alemán y se recurrió en marzo de 2006 a los arquitectos Luis y Jaime García-Ruiz, quienes ya habían colaborado en la redacción del proyecto básico.

No se quedó con dinero, dice

El detenido insistió en que no se quedó con dinero y rechazó la acusación de malversación de caudales públicos. El ex director gerente rehusó echar tierra sobre sus compañeros detenidos, y adujo que las decisiones se adoptaron de manera colegiada por los integrantes de la junta rectora del Consorcio para la Construcción del Velódromo. Las resoluciones, afirmó, no venían impuestas por el director general de Deportes de Jaume Matas y medallista olímpico en Atlanta 96, Pepote Ballester.
En cualquier caso, Jorge Moisés redujo su papel en la presunta trama al de mero espectador. Pese a ostentar los puestos de director general del consorcio y secretario de su junta rectora, matizó que no tenía voto, disponía de "muy poca voz" y carecía de poder de decisión, puesto que seguía las directrices de la citada junta, integrada por Ballester; el portavoz del PP de Palma, Rafael Durán; el ex director insular de Deportes, Antoni Palerm; la jefa del gabinete de Jaume Matas, Dulce Linares; el diputado del PP Antoni Serra; y él mismo.
Tras la declaración ante los fiscales, que concluyó a las diez y media de la noche, el letrado de Moisés, Gaspar Oliver, relató que su cliente se encuentra "muy cansado" después de permanecer desde el pasado miércoles en los calabozos de la Jefatura Superior de la Policía Nacional. "Ha sido muy duro [para él]", reconoció Oliver, quien llevó un bocadillo al ex director gerente para compensar las cinco horas de interrogatorio. A las doce y media de la noche se produjo un receso en la declaración de José Luis Ballester y su letrado, Ángel Aragón, también aprovechó para comprar un bocadillo al medallista olímpico. Después de seis horas, a la una de la madrugada, terminó de responder a la Fiscalía, que le acusa de malversación de fondos públicos.
Ayer pasaron la última noche en los calabozos de la calle Ruiz de Alda el portavoz del PP en Palma Rafael Durán; el director de la unión temporal de empresas constructoras, Miguel Ángel Rodríguez; el publicista Miguel Romero; Pepote Ballester; y Jorge Moisés. Los cinco pasarán hoy a disposición judicial. El juez de Instrucción número 3, José Castro, y la Fiscalía Anticorrupción investigan posibles irregularidades en los contratos de obras durante la ejecución del Palma Arena, impulsado durante la pasada legislatura del PP, que podrían haber duplicado el presupuesto de esta infraestructura hasta superar los 100 millones de euros. Así, se investigan, entre otros delitos, los de malversación, prevaricación y falsedad documental.

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