El ex concejal del Partido Popular en Calvià Jesús García Oeo negó ayer ante el juez que hubiera cobrado 120.000 euros que fueron abonados por el consorcio público Turisme Jove a través de unas facturas falsas. García Oeo, marido de la actual número 2 del Ayuntamiento de Calvià, Teresa Martorell, fue citado por el juez tras las declaraciones de Juan Francisco Gosálbez. El que fuera responsable de Turisme Jove afirmó que el ex concejal popular fue la persona que recibió este dinero, y que llegó a sus manos tras una orden directa de la ex vicepresidenta Rosa Estarás. García Oeo mantenía desde hacía años un contencioso con el Govern por haber sido despojado de la explotación del albergue juvenil de La Victoria y este dinero se habría abonado por un acuerdo extrajudicial como compensación.

Inicialmente, aconsejado por su abogado José Ignacio Herrero, el ex concejal se iba a negar a declarar. Sin embargo, el fiscal Miguel Ángel Subirán consiguió que contestara a cuatro preguntas antes de dar por concluida la declaración. García Oeo dijo que era el responsable de la empresa Interjes de Peguera. Esta sociedad estuvo relacionado con el consorcio Turisme Jove entre los años 1994 y 2000. Cuatro años después de rescindir el contrato percibió 11.900 euros, según él.

El imputado reconoció que era cierto que había presentado un contencioso contra el Govern por dar por terminada esta relación y, aunque no podía asegurarlo, creía que había ganado el pleito.

García Oeo dijo que conocía a André Villena, el empresario francés que facturó al Govern 120.000 euros por unos viajes para jóvenes que nunca llegaron a disfrutarse. Aclaró que esta relación con Villena se debe a que interviene como mediador turístico y le vende plazas hoteleras que previamente ha comprado. Por último, García Oeo señaló que no era cierto que presentase en mano en Turisme Jove unas facturas de Villena o de sus empresas. Por tanto, desmintió a Gosálbez, que afirmó que el ex concejal entregó estas facturas falsas por unos viajes que nunca se disfrutaron, y que recibió los 120.000 euros que se abonaron con fondos públicos.

El fiscal solicitó al juez que se celebrara una comparecencia para solicitar medidas cautelares contra el ex concejal. El juez denegó esta comparecencia, lo que molestó al fiscal. Anticorrupción tiene previsto solicitar de nuevo una fianza de 150.000 euros al empresario al considerar que ha mentido.