03 de julio de 2009
03.07.2009
caso peaje

El fiscal acusa a la trama de extorsionar a particulares afectados por la carretera

Una testigo afirma que denunció los hechos al ex secretario general de UM y éste cambió de tema

02.07.2009 | 23:58
La fiscalía anticorrupción acusa a los principales imputados en el caso Peaje, una presunta trama de corrupción político-empresarial en torno al desdoblamiento de la antigua carretera de Palma a Manacor, de exigir dinero a empresarios y particulares afectados por dicha reforma "si no querían salir perjudicados con el diseño de la vía o tener problemas con el cobro del justiprecio por las expropiaciones". La dueña de un restaurante en dicha ruta, una de las principales testigos de cargo, asegura que informó al entonces secretario general de UM (ahora de nuevo en el mismo cargo) y edil de Petra, Damià Nicolau, de las presuntas extorsiones y éste le cambió de tema. Nicolau no está imputado en el caso.
Ayer se conoció parte el sumario del caso Peaje, que desde que estalló el caso el pasado 12 de marzo permaneció primero bajo secreto y después inaccesible.
La fiscalía anticorrupción atribuye a los 22 imputados y querellados los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad de facturas y prevaricación. Los principales querellados son Antoni Pascual Ribot, vicepresidente actual del Consell de Mallorca por UM y anterior conseller de Carreteras; Gonzalo Aguiar, jefe insular de Carreteras; Francisco Orejudo, ingeniero jefe del mismo departamento; Gabriel Mestre, celador de carreteras; Javier Navarro y Jerónimo Gutiérrez de Rave, dos de los jefes de las obras en nombre de la UTE; así como numerosos propietarios y gestores de las empresas integrantes de dicha unión temporal o proveedoras de las obras.
La propietaria de un conocido restaurante, que ha padecido numerosos problemas con los accesos debido a la construcción de la especie de autovía, ha denunciado que Orejudo le pidió, de forma indirecta, dinero si quería acabar con sus cuitas. La testigo ha añadido que el celador Biel Mestre también le espetó: "Esto no es un problema político, ni de carreteras, esto es un problema puramente económico".
Anticorrupción postula que la UTE habría pactado antes del concurso pagar trabajos particulares para los altos cargos del departamento de Carreteras. El abono de los sobornos sería, aventura la querella, la condición para que la obra pública fuera adjudicada a la UTE encabezada por Melchor Mascaró, Sacyr e Itinere Infraestructura, lo que sería una prevaricación.
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