La Agencia Tributaria ha emitido unos dictámenes, a petición del juzgado de instrucción 12 de Palma, que instruye una causa por presunta corrupción político–empresarial en torno a los solares de Can Domenge, donde valora, a fechas entre finales de 2005 y principios del 2006, dichas parcelas casi en el doble que el precio máximo de 30 millones de euros establecido por el anterior Consell de Mallorca para su venta. La fiscalía anticorrupción pedirá a la jueza que inste al Tribunal Superior de Justicia (TSJB) a asumir el sumario de Can Domenge para acusar, y en su caso, enjuiciar a los aforados Miquel Nadal, conseller de Turismo, y Bartomeu Vicens, diputado en el grupo mixto.
La magistrada de instrucción 12 ha dado traslado a la fiscalía anticorrupción y a la acusación particular en nombre del empresario catalán, y ex presidente del Barça Club de Fútbol, Josep Lluis Núñez i Navarro para que soliciten que el sumario pase al TSJB. Tanto Nadal, defendido por Josep Zaforteza, como Vicens, representado por Eduardo Valdivia y Jaume Campaner, son personas aforadas y corresponde al TSJB su imputación más avanzada y su enjuiciamiento. En la causa también está imputado el hoy presidente de Unió Mallorquina (UM), y ex conseller de Economía y Hacienda, del Consell de Mallorca, Miquel Ángel Flaquer.
Básicamente, el caso Can Domenge versa sobre el presunto trato de favor dado por los gestores del anterior Consell de Mallorca, gobernado por UM con apoyo del PP, a las empresas Sacresa y Construcciones Ferrá Tur S.A. en el concurso para enajenar las fincas de Can Domenge con objeto de levantar allí una promoción inmobiliaria emblemática.
Los empresarios habrían obtenido información privilegiada sobre las intenciones del Consell y los detalles del concurso, que se convocó en plenas Navidades del 2005 y sin apenas tiempo para redactar un proyecto urbanístico tan complejo.
También se ha investigado a fondo la razón por la que el Consell puso como límite para adjudicar los solares 30 millones de euros, cuando, según Núñez i Navarro, que se presentó al concurso y perdió, valían el doble.
Precisamente, la jueza encargó a la Agencia Tributaria un dictamen sobre la valoración de estas fincas urbanizables en la época del concurso y a precios de mercado. Estas valoraciones se han hecho por Hacienda a la vista de unas tasaciones bancarias efectuadas poco después de la enajenación de los solares y a petición de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Sacresa-Ferrá Tur.
La UTE ganadora del concurso pidió varios préstamos hipotecarios y los bancos que autorizaron las operaciones tasaron las fincas de Can Domenge en un precio muy superior al oficial.
La Agencia Tributaria en sus informes también concluye que los solares valían mucho más que los 30 millones de euros de precio de licitación. Estos datos han sido claves a la hora de que la instructora decida plantear la posibilidad de traspasar el caso al TSJB.
Fuentes próximas al caso, dan por seguro el que la jueza de instrucción 12 elevará al Alto Tribunal una pormenorizada exposición razonada sobre los indicios que pesan respecto a Vicens y Nadal. De hecho, ya ha pedido al Govern y al Parlament que avale su condición de aforados. Nadal era vicepresidente del Consell y firmó el decreto para convocar el concurso, aunque se ha desvinculado totalmente del expediente. Vicens era conseller de Territorio y también se ha desmarcado del proceso.
