La Audiencia dio ayer, al ratificar un acuerdo de conformidad entre tres acusados, la fiscalía y la acusación particular, luz verde a la primera demolición de un chalé levantado ilegalmente sobre un área protegida de Andratx. El suspendido celador municipal de Obras de Andratx, Jaime Gibert, su amigo y constructor Felipe Seguí y el particular Joan Corró se conformaron ante la sala segunda de la Audiencia con penas de multa los dos últimos y con condenas leves de prisión el primero.
Corró aceptó hace algunas semanas declararse culpable ante la fiscalía anticorrupción y los acusadores particulares Josep de Luis e Isabel Fluxà, en nombre del actual ayuntamiento de Andratx, de haber construido un chalé de casi 200 metros cuadrados en una finca ANEI (área natural de especial interés) de Andratx.
El imputado confesó haber participado en un delito contra la ordenación del territorio y de otro continuado de falsedad documental. El particular, además, quiso consignar en el juzgado de instrucción 12 una cantidad para pagar la demolición de la vivienda ilegal.
Ayer este pacto se formalizó ante la sala segunda de la Audiencia, que deberá dictar la oportuna sentencia de conformidad.
Con anterioridad, y en una de las otras dos piezas separadas del caso Andratx que habían llegado a juicio, el tribunal ya había decretado la demolición de una casa ilegal.
Caseta de Hidalgo
La medida, que es discrecional, se dictó respecto al chalé ilegal construido por el ex alcalde de Andratx por el PP, Eugenio Hidalgo, con la excusa de reformar una inexistente nave agrícola. No obstante, dicha sentencia todavía no es firme al haber sido recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. En la otra causa, referente a la construcción de un restaurante en una antigua casa, no se dispuso la demolición.
El propietario que ayer se declaró culpable ante el tribunal aceptó una pena de 10 meses de prisión, sustituible por una multa de 4.800 euros y otra de 6 meses de cárcel cambiada por una multa de 2.880 euros, más otras multas de 1.440 euros y 360 euros.
El constructor Seguí admitió ser responsable de tres delitos: contra la ordenación del territorio; cohecho y continuado de falsedad documental por los que pactó cumplir un total de 18 meses de prisión, sustituibles por una multa de 3.240 euros; más otra multa de 2.500 euros y otras más de menor cantidad.
Básicamente, Joan Corró está acusado de levantarse un chalé en una finca de 37.000 metros cuadrados con una simple licencia de obra menor, concedida en 2004 por el ayuntamiento de Andratx para arreglar el tejado de una caseta.
Pero en la finca nunca había existido vivienda o casa alguna. Agentes forestales de la conselleria de Medio ambiente detectaron las obras ilegales en suelo ANEI y denunciaron el caso.
El propietario, para poder legalizar su vivienda, tuvo que captar al celador municipal de obras, Jaime Gibert, quien emitió varios certificados falsos dando fe de la existencia en el terreno de una casa anterior a 1956. Gibert, a cambio de estos favores, consiguió que Felipe Seguí, que era el constructor de Corró, le hiciese obras a precio simbólico en una finca que él rehabilitó en el casco antiguo de Palma.
La instrucción del caso Andratx continúa abierta y esta misma semana se van a interrogar a testigos, peritos e imputados en algunas de las más de 70 piezas separadas en que se dividió el sumario.
Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial ha designado al juzgado de instrucción 12 un juez de refuerzo para poder agilizar la instrucción del caso Andratx. No obstante, este apoyo para la magistrada titular sólo se ha concedido durante unas pocas semanas.
El juzgado ha procedido al archivo de varias de las piezas separadas por entender que los hechos no eran constitutivos de delito.
