04 de abril de 2009
04.04.2009
informe. Aforados ante el TSJB

Dos condenas y ´media´

04.04.2009 | 02:00
El diputado Bartomeu Vicens en el TSJB.

De diez causas contra políticos aforados investigados por el Tribunal Superior sólo han salido dos fallos condenatorios

Cada causa judicial es un mundo, pero el Tribunal Superior de Justicia (TSJB) de diez casos con políticos aforados tramitados desde su constitución solamente ha dictado dos sentencias condenatorias; una donde se condenó a un alto cargo de una conselleria y otra con delitos probados, pero prescritos. Otros cinco casos fueron archivados. El décimo (son Oms) sigue abierto.
La sala de lo Civil y de lo Penal del TSJB incoó una de sus primeras causas (la 2/89) contra un aforado, Guillermo Vidal Bibiloni, alcalde de Marratxí por Unió Mallorquina, diputado del Parlament y vicepresidente del Consell de Mallorca, el 26 de julio del 89.
El instructor fue, "en atención al turno preestablecido", el magistrado autonómico Juan López Gayà, designado a instancias del Partido Socialista. Los socialistas Juan March y Martí Serra se querellaron contra Vidal por favorecer a su esposa en una licencia.
. El caso fue juzgado por cinco magistrados: Angel Reigosa, presidente del TSJB; Julio A. Llovet y Javier Muñoz, jueces profesionales de la sala de lo Civil y de lo Penal; José Zaforteza, designado por el turno autonómico a propuesta del PP; y Pablo Delfont, de la sala de lo contencioso.
Tres de los jueces condenaron al diputado Guillermo Vidal por fraude a 6 años y 1 día de inhabilitación y le absolvieron de falsedad en documento público, delito del que fue exculpado también Juan Sastre, un joven ordenanza interino del ayuntamiento de Marratxí. Los magistrados Llovet y Muñoz emitieron un voto particular absolviendo a Vidal.
José Zaforteza fue el instructor de una causa penal contra el entonces diputado en el grupo mixto del Parlament Carlos Ricci Febrer. Varios diputados de la Cámara formularon una querella contra Ricci por injurias y calumnias entre marzo y abril del 91. La causa se abrió el 10 de abril del 91 y el juicio se celebró el 17 de septiembre. La sala estuvo compuesta por Angel Reigosa; Javier Muñoz y Juan López Gayà que condenaron al tránsfuga Ricci a 1 año de prisión y multa de 250.000 pesetas por calumniar a sus compañeros del Parlament.

La ´media´ condena

El juez profesional del TSJB Javier Muñoz instruyó la causa penal 4/91 contra el entonces conseller de la Función Pública en el Govern del PP Carlos Simarro Marqués. El sumario se abrió por denuncia del sindicato Comisiones Obreras contra Simarro por supuesto trato de favor hacia la esposa del también conseller Pedro J. Morey y se amplió contra dos altos cargos más de la conselleria: Joaquín Legaza y Melchor Mairata. El caso fue juzgado por otros tres jueces del TSJB, que absolvieron el 11 de mayo del 92 a Simarro y Mairata de prevaricación y condenaron a Legaza, secretario general de la Conselleria, por prevaricación negligente a 6 años y 1 de inhabilitación. El Supremo condenó después al trío encausado.
El caso Calvià tuvo dos etapas en el TSJB, aunque las dos diligencias abiertas acabaron cerrándose. El escándalo estalló cuando el edil de Calvià en el grupo socialista José Miguel Campos denunció, en febrero de 1992, haber sido víctima de un intento de cohecho al ofrecerle cien millones de pesetas si apoyaba una moción de censura en favor del PP. Pronto el caso pasó de instrucción 3 al TSJB, que abrió la causa penal 2/92 contra Gabriel Cañellas y Francesc Gilet, ambos diputados y president y vicepresident del Govern del PP, respectivamente. Zaforteza fue el instructor. Tras interrogar como imputados a Cañellas y Gilet, lo devolvió a instrucción 3 al no ver indicios contra los aforados. La Audiencia de Palma sí condenó en febrero del 93 a dos militantes del PP, Miquel Deyà y Andreu Bordoy, y a un intermediario, Guillermo Ginard. El caso regresó al TSJB el 25 de junio del 96. El instructor fue Javier Muñoz. Las sospechas recayeron otra vez sobre Gilet y Cañellas, que seguía siendo diputado del PP y president del Govern. Ambos aparecían como "directores" de la trama de corrupción, pero Muñoz acabó devolviendo la causa a instrucción 3 al no poder confirmar que Cañellas dio el visto bueno a la operación. Gilet acabó en el banquillo, pero no hubo juicio por prescripción de los hechos..
Cañellas, en octubre del 96, batió un récord no superado: estuvo imputado en tres causas diferentes en el TSJB, los casos Calvià; Túnel de Sóller y Agricultura.
Este último nació el 24 de septiembre del 96 y fue instruido y archivado por Zaforteza. La denuncia partió de Esquerra Unida (EU). Cañellas fue acusado de quedarse con 9 millones de pesetas de comisión en la compra de la sede de la conselleria de Agricultura, en 1991. La causa fue archivada al no ver Zaforteza indicios delictivos contra l´Amo en Biel.
Eberhard Grosske (EU) denunció el 7 de abril del 95 al president y al conseller de Obras Públicas del Govern del PP, Gabriel Cañellas y Bartolomé Reus, y al ex conseller Jeroni Saiz, por supuesta prevaricación continuada en la adjudicación de las obras y explotación del túnel de Sóller a la compañía de Antonio Cuart. El TSJB asumió el caso el 9 de noviembre y abrió la causa 2/95, que instruyó Juan López Gayà. Las sospechas se ampliaron al conseller de la Función Pública José Antonio Berastain.
Todos menos Reus fueron juzgados por el TSJB que el 24 de julio del 97 absolvió al dimitido ex president Cañellas, Saiz y Cuart de prevaricación continuada. Cañellas y Berastain fueron declarados autores de un cohecho (soborno) de 50 millones de pesetas de manos de Cuart (exculpado), pero ya prescrito, por lo que fueron absueltos. El Supremo ratificó la sentencia en diciembre del 98.
El TSJB no instruyó el caso Parc Bit, en el que la ex consellera socialista de Innovación Tecnológica Misericordia Ramon y el ex gerente del parque telemático del mismo nombre Felio Morey, fueron acusados por el PP de fraude, tráfico de influencias y falsedad documental. El Alto Tribunal intervino para dar luz verde al juicio ante un jurado, que dictó una clamorosa absolución.
El juez autonómico a instancias del PSOE Miquel Massot instruyó en 2002 una causa contra el alcalde de Maó, Artur Bagur, y el vicepresident del Parlament, Félix Fernández Terrés, ambos socialistas. La denuncia partió del PP y versaba sobre una prevaricación al contratar a un arquitecto. La causa fue archivada.
Idéntico final, pero mucho más procesolo recorrido, tuvo el caso Mapau, la presunta trama de captación ilícita de votos para el PP de formentera. El TSJB lo asumió a finales del 2001 y fue instruido por Antoni Monserrat, juez parlamentario apoyado por el PP y actual vocal del Consejo General del Poder Judicial. Los aforados eran el president y la vicepresidenta del Govern del PP, Jaume Matas y Rosa Estarás, que no llegaron ni tan siquiera a ser interrogados como imputados o testigos. Hubo polémicos archivos por el instructor y reaperturas. Finalmente, una sala especial de 7 magistrados sobreseyó el caso en 2005 por cuatro votos contra tres.
La décima causa está abierta. El juez Antoni Capó investiga al ex diputado de UM Bartomeu Vicens por el caso Son Oms.

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