La operación peaje seguía ayer completamente abierta. Un balance provisional situaba ya la cifra de personas que habían declarado en calidad de detenidas o imputadas, en dependencias policiales en unas dieciocho.
La Policía procedió ayer a la práctica de siete nuevos arrestos relacionados con el caso. Gabriel Mestre, uno de los principales encausados y funcionario de Carreteras del Consell, negó ayer los múltiples cargos que se le imputan, entre ellos los de malversación de caudales, prevaricación, cohecho y falsedades documentales.
Tres de los nuevos detenidos son dos empleados y un jefe de obras de Sacyr y Melchor Mascaró, dos de las muchas sociedades vinculadas a la UTE Desdoblamiento C-715, adjudicataria del proyecto. El anterior Consell de Mallorca, gobernado por Unió Mallorquina con apoyo del Partido Popular, sacó a concurso público este proyecto, presupuestado inicialmente en unos 140 millones de euros.
En la querella interpuesta el pasado viernes por la fiscalía Anticorrupción y que instruye el juzgado número 5, figura como querellado Antoni Pascual Ribot, responsable del área de carreteras del Consell de Mallorca desde 1999 hasta la actualidad.
Entre los imputados se hallan miembros de conocidas familias propietarias de constructoras vinculadas a la UTE, como Melchor Mascaró, o de la empresa de Manacor Electro Hidráulica. También aparecen implicados gestores y altos cargos de estas sociedades. Seis de los detenidos quedaron en libertad a lo largo de la tarde de ayer a medida que iban prestando declaración ante los agentes del Grupo de Delincuencia Económico. Parece ser que ninguno confesó que se hubiera desviado dinero público.
En la fase inicial de las pesquisas policiales, dos funcionarios o técnicos relacionados con el Consell de Mallorca, el ingeniero Francisco Orejudo Martínez y el vigilante de obras Gabriel Mestre, ocupan un lugar destacado entre los imputados. Ambos sospechosos fueron arrestados el lunes por la tarde y anoche permanecían en dependencias policiales en espera de ser puestos a disposición judicial.
Mestre, defendido por Josep de Luis e Isabel Fluxà, declaró ayer. Este funcionario está acusado, entre otros extremos, de recibir un soborno en forma de trabajos gratuitos hechos por obreros del desdoblamiento en una finca suya colindante con la antigua carretera de Palma a Manacor. El celador explicó a los investigadores que él no tenía potestad para autorizar gastos de la UTE y rechazó los graves delitos que se le imputan.
La declaración de Orejudo probablemente tendrá lugar hoy.
