La presidenta del Consell, Francina Armengol (PSOE), firmó ayer el decreto de resolución del contrato con la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria del concurso de enajenación del solar de can Domenge, tal y como adelantó DIARIO de MALLORCA. El Gobierno insular está ultimando un acuerdo con la conselleria de Vivienda del Govern para que se haga cargo del solar y construya en el mismo 600 Viviendas de Protección Oficial.
El Ejecutivo balear, con este acuerdo, se haría cargo de los 30 millones que deberá abonar el Consell a la UTE formada por Sacresa-Ferrà Tur. Sin embargo, estas previsiones están en el aire en función de que la adjudicataria acepte voluntariamente devolver el solar, ya que de lo contrario podría presentar un contencioso ante los tribunales, lo que alargaría este asunto durante años.
Armengol y el responsable de Hacienda del Consell, Antoni Alemany, explicaron que si la UTE acepta la institución insular deberá "habilitar un crédito" con el fin de pagarle los 30 millones. A cambio, las empresas deberán devolver al Consell un aval de 800.000 euros y el solar libre de cargas.
La rescisión del contrato se basa en el incumplimiento de los plazos de ejecución por parte de la UTE, de acuerdo con el informe que se encargó al letrado externo a la institución, Miquel Coca. El informe planteaba como soluciones la de la nulidad del contrato, por haberse firmado con cada una de las empresas por separado y no con la UTE, o la resolución por el incumplimiento de los plazos para las obras. Armengol ha optado por esta última vía.
La presidenta del Consell llevará el decreto firmado ayer al pleno que celebrará la institución el 5 de febrero para su ratificación, si bien sostuvo que su decisión cuenta con la aprobación de UM y el Bloc, sus socios de legislatura.
La adjudicación se produjo en junio de 2006, con el Gobierno presidido por la entonces líder de UM, Maria Antònia Munar. Fuentes de UM aseguraron que, al informarle a Munar de la posible rescisión del contrato, ésta no puso problemas al considerar que si se habían incumplido los plazos había motivos para esta decisión. Por otro lado, la actual portavoz de UM, Catalina Julve, dijo que la respuesta de su partido a Armengol fue que "hiciera lo que considerara oportuno". Añadió que se trata de una "decisión de Armengol y UM ni entra ni sale", si bien no se quiso pronunciar sobre lo que votará su partido en el pleno ya que "aún no lo hemos tratado".
El portavoz insular del PP, Jaume Font, trasladó su "felicitación" a Armengol, al entender que "ha cambiado de opinión", ya que cuando el PP le planteó a principios de legislatura que dejara en suspenso el contrato no lo aceptó. Font, no obstante, consideró que la decisión "llega tarde" y confió en que "este retraso no provoque más gastos al Consell".
Por su parte, la portavoz del Bloc en el Consell, Joana Lluïsa Mascaró, se mostró satisfecha si bien advirtió que el Bloc no retirará su contencioso contra el concurso de adjudicación hasta que la UTE no acepte la rescisión del contrato.
