Otro empresario, que en la pasada legislatura actuó como proveedor-cliente del consorcio público del Govern Turisme Jove, admitió ayer ante el juez de instrucción 6 de Palma que emitió una factura falsa a instancias de Juan Francisco Gosálbez, el principal acusado en la trama de presunta corrupción.
El empresario, que declaró en calidad de imputado, coincidió con la versión ofrecida hace algunos días por un socio suyo, respecto a que Gosálbez les amenazó con no darles más contratos, ni con alquilarles las instalaciones del Govern en La Victoria, si no accedían a darle un soborno.
Su empresa emitió una factura falsa a nombre de Turisme Jove y una vez cobrada, y tras descontar el IVA y la parte del impuesto de sociedades, dio unos diez mil euros en efectivo a Gosálbez, que era el jefe de servicios de Turisme Jove, pero actuaba como el factotum del consorcio.
Los dos empresarios han coincidido en que Gosálbez les pidió una segunda comisión (otra factura), pero que se negaron a emitirla, con lo que ya no recibieron más contratos. Ayer declararon también, como testigos, varios empleados del consorcio público, entre ellos dos chicas que viajaron con Gosálbez a una feria comercial. Las testigos explicaron que este año también el Govern ha acudido al mismo certamen. En la causa también están imputados entre otros Juan Francisco Gálvez, representado por Bartolomé Vidal, y Damià Amengual.
Ordinas y su casa de Consell
Por otro lado, ayer se supo que Antónia Ordinas, la principal encausada en el caso Scala, la presunta trama de corrupción en torno al consorcio público CDEIB prestará declaración ante la jueza Piedad Marín el próximo 18 de diciembre.
Después se realizará un registro en su casa familiar de Consell, donde la Policía descubrió una habitación repleta de documentación. Esta estancia quedó precintada.
