En concreto, los cargos que se le imputan, entre otros, son los referidas a tráfico de influencias, cohecho y malversación de fondos, aunque la Fiscalía no ha pedido ninguna medida preventiva para Morales, al contrario de lo que sucedió ayer en el caso de Elisabeth Diéguez, testaferro del portavoz parlamentario de UM, Bartomeu Vicens, y su mujer, Antònia Martorell, al serle notificados la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional.

Acompañado por su abogado, Gabriel Garcías, Morales salió de la sala de vistas en torno a las 11.30 horas, donde fue interrogado desde aproximadamente las 10.00 horas, y eludió hacer declaraciones a los medios, con un rotundo "sin comentarios".

Tanto Morales como Vicens ya prestaron anteriormente declaración ante el juez, y en sus comparecencias declararon que su participación en el proceso de urbanización de Son Oms tuvo lugar en calidad de asesores únicamente, y negaron haber participado en ningún supuesto cobro de comisiones. Además, mantienen que cuando se produjeron los hechos, hace 17 años, ninguno de los dos desempeñaba un cargo en el partido.

Mientras tanto, hace unos instantes ha entrado en la sala el empresario y abogado Jaime Montis, también implicado en la presunta trama, ya que el Ministerio Fiscal investiga asimismo si éste cobró comisiones de hasta el 15 por ciento a varios propietarios de fincas de la zona durante el proceso de recalificación del polígono.

La Fiscalía postula que Vicens recurrió a Diéguez y a su marido, el directivo de comunicación Alfredo Conde, para recuperar gran parte de las multimillonarias comisiones que pactó en los noventa a cambio de la recalificación de Son Oms y que hasta hace poco obraban en poder del abogado Jaime Montis.