La fiscalía anticorrupción ha anunciado oficialmente que mañana podría pedir el ingreso en prisión preventiva del diputado por Unió Mallorquina (UM) Bartomeu Vicens si, tras su declaración ante el juez del caso Son Oms, la presunta trama de corrupción en torno al polígono industrial de dicho nombre, no da una explicación coherente sobre los múltiples hechos irregulares que se le imputan. Los abogados defensores de Vicens y de Jaime Montis, otro imputado citado para el jueves, han pedido un aplazamiento de las comparecencias para darles tiempo a estudiar el sumario de seis tomos y cientos de documentos anexos que ha permanecido bajo secreto desde mayo.
Vicens, que al igual que su esposa Antònia Martorell, y su presunto testaferro Elisabet Diéguez Andrés, está defendido por Eduardo Valdivia y Jaume Campaner, se juega mucho en su comparecencia judicial de mañana.
El portavoz de UM en el Parlament y el resto de principales encausados, entre los que destacan el ex president de dicha Cámara Autonómica por el mismo partido, Maximilià Morales (defendido por Gabriel Garcías); el mencionado Jaime Montis, abogado y promotor del polígono; y los también empresarios Bernat Febrer y Miquel Munar, están acusados de un rosario de graves delitos.
Los encausados se enfrentan a imputaciones de tráfico de influencias, estafa millonaria, cobro de comisiones (cohecho), blanqueo de dinero negro y de origen delictivo; contra la Hacienda Pública y otros.
Callar o prisión
La fiscalía anticorrupción ha adelantado que reclamará la cárcel para el parlamentario Vicens si este no se aviene a colaborar con las pesquisas y ofrece una versión clara y rotunda como para desvirtuar el cúmulo de indicios contra él.
Vicens es una persona aforada y por tanto su detención, procesamiento o encausamiento formal y encarcelamiento, corresponde a la sala de lo Civil y de lo Penal del TSJB y no a un magistrado de un juzgado de instrucción.
No obstante, el TSJB, antes de pronunciarse sobre las medidas a tomar, ha ordenado que se de traslado a las demás partes personadas. Lógicamente, las defensas se opondrán al ingreso en prisión de los encausados.
Fuentes judiciales afirman que el juez Juan Ignacio Lope Sola, titular del juzgado de instrucción 2 de Palma e instructor del sumario, no podrá adoptar el ingreso en prisión del político aforado. El juez tendrá que abstenerse a favor del TSJB. Se nombrará a otro juez instructor (sería Antoni Capó o Javier Muñoz) quien si tendrá cobertura legal de determinar las medidas preventivas que considere necesarias. Fuentes próximas a algunas defensas no han descartado que varios imputados se acojan a su derecho a no declarar, alegando falta de tiempo para preparar su defensa.
