La jornada de ayer volvió a ser vertiginosa y frenética para los policías del Grupo de Delincuencia Económica y la fiscalía anticorrupción, que, tras diez días dedicados intensamente a la Operación Scala, se volcaron en el caso Son Oms, la presunta trama de corrupción político-empresarial en torno al polígono industrial del mismo nombre. Varias comisiones judiciales registraron, mañana y tarde, las sedes sociales y domicilios particulares de presuntos testaferros del diputado por Unió Mallorquina (UM) en el Parlament, y uno de los principales imputados, Bartomeu Vicens.
El operativo de ayer se centró especialmente en el matrimonio formado por Elisabet Diéguez y Alfredo Conde Bonnín. La primera admitió el pasado mayo tras ser arrestada haber actuado de testaferro de Vicens mediante la empresa Metalumba. Su esposo no fue detenido en esa ocasión. Ayer acompañó a los agentes de Delitos Económicos en algunos de los registros, pero tampoco fue arrestado. Diéguez también estuvo presente.
Los allanamientos comenzaron hacia las diez de la mañana en la finca 20-A de la calle Santiago Ramón y Cajal de Palma, donde están radicadas un grupo de empresas sospechosas de haber sido empleadas por la presunta trama encabezada por dirigentes de UM, abogados y empresarios para repartirse comisiones millonarias y blanquear dinero negro.
La familia Conde Bonnin
En Ramón y Cajal 20-A es el domicilio de los padres de Alfredo Conde, un cargo de la televisión autonómica IB-3 y al que se vincula con UM. Allí tenía su sede Studio Media Comunicació, una productora que en la pasada legislatura firmó contratos de cientos de miles de euros con el Consell de Mallorca, dirigido por UM y en el que Bartomeu Vicens era conseller de Territori. Elisabet Diéguez fue la administradora única de la productora, que ahora aparece en el Registro Mercantil como extinguida desde el pasado 3 de marzo.
Studio Media tuvo sus ejercicios dorados entre 2004 y 2006, especialmente el primer año citado, cuando declaró unas ventas de casi 700.000 euros y unos resultados netos de 176.000.
En el mencionado inmueble también aparece domiciliada una gestoría, que ha tenido entre sus administradores a Mercedes Conde Bonnin, hermana de Alfredo. La Policía visitó la sede de esta empresa y se incautó de material, pero en principio la asesoría no aparece implicada en la supuesta trama.
Una segunda comisión judicial visitó a primeras horas de la tarde un piso en la calle San Joaquín, que es el domicilio del matrimonio Conde-Diéguez, y que ya fue registrado el pasado mayo. Esta vivienda figuraba como sede de Metalumba. Horas más tarde, una tercera comitiva se desplazó a un chalé de la calle Cadernera, en la urbanización Maioris, de Llucmajor, propiedad del matrimonio y que fue registrado. Los investigadores regresaron hacia las 4 de la tarde a Ramón y Cajal, acompañados de Alfredo Conde.
