Los investigadores de la fiscalía anticorrupción, Agencia Tributaria y grupo policial de Delincuencia Económica que ayer desataron una nueva fase del caso Son Oms, la presunta trama de corrupción de dirigentes de UM y empresarios en torno al polígono industrial del mismo nombre, buscaban facturas y otros documentos que confirmaran sus sospechas sobre el trasiego de comisiones y blanqueo de capitales entre los principales imputados. Al parecer, Alfredo Conde, que no fue detenido y que tampoco aparece entre los imputados, ayudó a los investigadores a localizar los papeles que anhelaban incautar.

Las pesquisas, que están declaradas secretas desde el pasado mayo, han permitido descubrir sospechosas operaciones de trasvases de fondos entre empresas vinculadas a los principales encausados: el hoy portavoz de UM en el Parlament, Bartomeu Vicens; el ex president de dicha Cámara autonómica por el mismo partido, Maximilià Morales; el abogado y empresario Jaime Montis; y los también empresarios Miquel Munar Munar y Bernat Febrer. En la causa figuran también como encausados un contable, y otro empresario inmobiliario, sospechosos ambos de facilitar facturas falsas a Vicens, así como la presunto testaferro Elisabet Diéguez y la esposa del diputado, Antònia Martorell.

Los registros de ayer pretendían remachar las pistas sobre las facturas falsas usadas para mover el dinero negro.

También se ha descubierto que algunas de estas operaciones se trataron de camuflar como trabajos de asesoría, redacción de informes o estudios, y prestación de servicios varios que eran simple humo. Los funcionarios buscaban papeles muy concretos y, por ejemplo, en el allanamiento de la mañana en la calle Ramón y Cajal 20 no se llevaron ninguna caja con documentación.

Tras dar muchas vueltas por Palma y Llucmajor, Conde habría accedido a indicar a los funcionarios dónde estaban, en la casa de su madre, los papeles que querían localizar.