Inocente, responsabilizando a sus antiguos superiores de los delitos que se le imputan, y apuntando incluso hacia cargos más altos del Govern Matas. Eso sí, sin aportar pruebas para sustentar sus acusaciones. Este es el resumen de la declaración judicial ayer de Juan Francisco Gosálbez, considerado por la Fiscalía Anticorrupción el cabecilla del entramado para malversar fondos públicos del consorcio Turisme Jove en la pasada legislatura con el gobierno del PP.
Gosálbez compareció a petición propia ante el magistrado José Castro -que sustituía al juez instructor del caso, Antoni Rotger-. Asistido por Pablo Vives, es la primera vez que da su versión sobre los hechos de que se le acusa desde que fue detenido el 11 de agosto. Tras más de cinco horas de interrogatorios, reingresó en la prisión de Palma, a la espera de que se decida sobre su situación procesal.
A lo largo de su declaración, Gosálbez negó haberse lucrado con el dinero del consorcio, asegurando además que no podía disponer del mismo, y contraviniendo todos los testimonios hasta ahora -de sus jefes, sus compañeros de trabajo y de cinco empresarios-, que le señalan como el mandamás de Turisme Jove.
Reparto de 19.000 euros
En cambio, no dudó en atribuir a Damià Amengual y Juan Francisco Gálvez -los entonces gerente y director general de Juventud, respectivamente-, la autoría de muchas de las irregularidades, y les acusó de haberse repartido una comisión en torno a 19.000 euros.
Gosálbez admitió al juez que a través de su empresa Grupo Fanodi Gestión SL hizo una factura ficticia por la que ingresó 18.957 euros en concepto de una subvención de la Red española de Albergues juveniles, por la organización de un campamento de jóvenes en la Victòria (Alcúdia), que nunca se hizo. Sin embargo, dice que no se quedó con dicha suma, sino que la sacó de su cuenta bancaria y se la entregó a Amengual "en una calle cerca de la plaza de los Patines" de Palma, dando por hecho que éste se repartió la comisión con Gálvez, pues -afirmó- fue quien le ordenó hacer la factura falsa.
En un momento dado, el detenido también acusó a Amengual de haber destruido documentación del consorcio antes de abandonar su cargo, con la llegada al Govern del Pacto. Dijo que el anterior gerente de Turisme Jove rompió papeles delante suyo, si bien no especificó su contenido, añadiendo que supone que lo hizo para eliminar el rastro de posibles irregularidades.
En cuanto a los testimonios de varios proveedores que han confesado ante la Policía haber pagado comisiones a Gosálbez para evitar dejar de trabajar para el consorcio, éste los desmintió tajantemente uno por uno.
Víctima de una conspiración
Negó haber recibido dádivas de éstos, que le hubieran hecho trabajos de reforma en sus negocios particulares a cuenta de comisiones, o que les ordenara hinchar facturas; sólo admitió que les conocía.
Es más, el principal acusado de la trama de Turisme Jove dijo ser víctima de un complot por parte de dichos empresarios, temerosos de incriminar a "gente de más arriba", en alusión a altos cargos del anterior Govern de Jaume Matas. Según ha podido saber este diario, Gosálbez llegó a relacionar ante el juez a algunos de estos empresarios con políticos del PP "de alto nivel" como Joan Flaquer, ex conseller de Turismo de Jaime Matas, o Ventura Blach, ex director general de Calidad Ambiental y Litoral, afirmando que todo obedece a una fabulación de los primeros para mantener vínculos profesionales con la Administración.
No sólo eso, Gosálbez aseguró haber asistido a una comida con alguno de estos empresarios que le acusan de comisionista, junto con cargos del Ayuntamiento de Palma, y donde hablaron de qué empresas podían seguir trabajando para el consorcio, y las que no.
Respecto al local en el barrio palmesano de la Bonanova, que según la Fiscalía Gosálbez y su pareja adquirieron por 638.000 euros y se lo alquilaron a Turisme Jove por 4.500 euros al mes hasta mayo de 2019 con la finalidad de amortizar la hipoteca, Gosálbez negó haber ideado un plan con esa intención.
Conocían lo del local
Contradiciendo a sus dos jefes, repitió varias veces que tanto Gálvez como Amengual sabían desde el primer momento que el inmueble era de su propiedad, y que además el primero fue quien le dijo que estaba buscando un local para ampliar los servicios del consorcio, por lo que el detenido le ofreció el suyo y Gálvez nada le objetó.
Gosálbez admitió que puso el nombre de la ex diputada del PP María Reyes Carbonell sobre el contrato, pero quien firmó fue su pareja. La fecha también fue falsificada, pero responsabilizó de ello a Gálvez, e igualmente le señaló como el impulsor del traslado de la sede del consorcio a las actuales oficinas en Vía Alemania y Barón de Pinopar, en Palma, por las que el Govern tiene que pagar ahora más de 32.000 euros al mes.
