Si hubiese detectado "alguna irregularidad" en el consorcio Turisme Jove, "habría actuado en el minuto cero", dijo públicamente el 12 de agosto su máxima responsable política durante el Govern Matas, Rosa Puig, tras ser forzada por su partido a dar la cara ante la prensa.
Llama la atención que el elevado déficit que asolaba el consorcio no levantara la más mínima sospecha de la ex consellera, quien autorizó 10 millones de euros en aportaciones extraordinarias a lo largo de la pasada legislatura, en multitud de transferencias. Las asignaciones fueron a fondo perdido y no se exigió a la cúpula del consorcio -hoy a caballo entre la cárcel y la libertad con cargos- que las justificase. La cifra no es nada desdeñable si se tiene en cuenta que el presupuesto de Turisme Jove para el presente año ronda los 1,4 millones de euros, una cuantía similar a la que tenía durante el mandato de Puig. Por tanto, el promedio de aportaciones de la consellera triplicaba el presupuesto anual del ente.
Las continuas inyecciones económicas tampoco parece que alteraran a Juan Francisco Gálvez, a la sazón director general de Juventud e imputado por el presunto entramado de corrupción en el ente. Declaró ante el juez de guardia y los fiscales Anticorrupción que "ignoraba que pudiera haber una quiebra tan elevada", y que "no era consciente de la magnitud de la mala situación económica". Y eso que el propio Gálvez fue el que negoció con la Conselleria multitud de estos pagos extraordinarios.
El personal lo veía a las claras
Contrariamente a la actitud de sus superiores, bastantes empleados del organismo público que han declarado ante la Policía como testigos en la investigación han puesto de manifiesto el "despilfarro" que allí se producía por parte de los dos principales imputados, Damià Amengual y Juan Francisco Gosálbez. La asesora jurídica del consorcio, Irene Crespí, no dudó en constatar ante los agentes que "la situación técnica de Turisme Jove era de quiebra total y absoluta", y que la iban "agravando" con sus actuaciones el gerente y el jefe de servicios e instalaciones de entonces.
Varios de estos trabajadores también explicaron a los agentes cómo a mitad de legislatura se defenestró a la contable, Catalina Concepció Pou, aupando para esta labor a Jaume Cerdà, hasta ese momento el chófer de Puig y persona de confianza de Gosálbez. La investigación policial evidencia que el nuevo contable -actualmente en excedencia- nunca hacía preguntas sobre los elevados gastos de representación de Gosálbez y Amengual.
Como si la cosa no fuera con ella, la consellera de Presidencia y Juventud concedió desde su acceso al cargo en 2003 continuas subvenciones nominativas al consorcio, cada vez que éste no podía afrontar los pagos por falta de dinero. Sólo entre el dos de marzo y el 30 de mayo de 2006, la Conselleria trasvasó 1.384.196 euros a Turisme Jove, y así constantemente.
