18 de agosto de 2008
18.08.2008
ofensiva anticorrupción. EL FISCAL cree que TAMBIÉN el ex gerente DE Turisme jove COBRABA COMISIONES

El dinero se entregaba en bolsas

18.08.2008 | 02:44
El abogado de Amengual, Bartomeu Vidal, se dirige a los medios en presencia de su cliente.

Amengual y Gosálbez recaudaban en diversas cafeterías los pagos ilegales de sus proveedores

La escena sugiere la tradición de la novela negra: los protagonistas, bien vestidos, se reúnen en cafeterías -una diferente cada vez, para no llamar la atención- y el dinero cambia discretamente de manos. Siempre en metálico y dentro de bolsas. Nadie en el local pregunta nada.
La Fiscalía señala que tanto el ex gerente del Consorcio Turisme Jove, Damià Amengual, como su factótum, Juan Francisco Gosálbez, recogían así los pagos con los que al menos uno de los empresarios imputados en este caso compraba su contrato con la administración. Un tercio del valor del servicio prestado pasaba a los bolsillos de los cargos públicos.
Hasta ahora, Amengual había tratado de presentarse como una persona engañada por un subalterno -Gosálbez-, verdadero artífice de todos los desmanes investigados por la Ley. El gerente se veía así descrito como un "hombre de paja", que sin querer había abandonado toda gestión del Consorcio en manos de un empleado desaprensivo. Él mismo había presentado facturas por gastos elevados y ostentosos que guardaban con poca o ninguna relación con su cargo -como una ya célebre caldereta de langosta en Menorca-, porque le "habían dicho que se hacía así". El escrito de la Fiscalía lo ve con muy otros ojos.
Amengual y su segundo prescindieron "total y absolutamente" del correcto procedimiento administrativo para adjudicar la reforma del local que el mismo Gosálbez alquilaba por 4.500 euros mensuales al Consorcio -con autorización del ex gerente-, una jugada con la que satisfacía la hipoteca de su compra y de la que Turisme Jove se beneficiaba poco o nada o menos. Sin justificación alguna, concedieron estas actuaciones a un empresario, Marcos P.M., por un importe total de 182.939 euros, muy por encima del precio del mercado.
El fiscal escribe que "no se conformó" Gosálbez "en cargar sobre las ya maltrechas arcas públicas 4.500 euros mensuales por el alquiler de un local que ni los propios empleados del Consorcio conocían, también tuvimos que arreglarle el local" para que pudiera "revalorizar su propiedad". Se beneficiaba Gosálbez y se beneficiaba el constructor a quien se encargaban obras innecesarias para la administración. Pero también se beneficiaba Amengual por las "contraprestaciones económicas" que él y su ayudante recibían del constructor: un tercio del total de obras contratadas: 60.000 euros a repartir entre dos o, en otras palabras, cinco millones de pesetas para cada uno.
Pero, según la denuncia, la participación de Amengual no se limitó a autorizar el alquiler del local de Gosálbez y a reformárselo a cambio de esta cantidad.
El ex gerente y su ayudante volvieron a prescindir "total y absolutamente del procedimiento administrativo" en al menos otras dos ocasiones. Según el fiscal, en marzo de 2005 decidieron cambiar la antigua sede del Consorcio, en la calle Jeroni Antich de Palma, cuyo alquiler era de 800 euros por unas oficinas algo más rumbosas en la calle Barón de Pinopar. La nueva renta sería algo mayor que la anterior: 16.000 euros mensuales -el triple- para una empresa inmobiliaria cuyo representante, Matías V.R. también está imputado en el caso.
El fiscal llama la atención sobre el hecho que ni uno ni otro tenían competencia para comprometer al Consorcio en un alquiler, y que habían sido advertidos de ello. A finales del mismo año, Amengual firmaba el alquiler de otro local en la Vía Alemania de Palma a un segundo empresario, Bernardo C.G. El importe del nuevo alquiler era levemente inferior al suscrito el mes de marzo: 15.500 euros al mes durante el primer año, 13.000 los siguientes. Destaca Anticorrupción que el Consorcio ya atravesaba en aquel momento "una precaria situación económica" que los querellados "decidieron agravar" hasta el punto que "al cesar en sus respectivos cargos dejaron a dicha entidad pública en quiebra técnica".
Dos años después, en vísperas de las elecciones autonómicas, se procedió al alquiler de los locales de Gosálbez, mediante un "contrato blindado" y "con cláusulas claramente abusivas y perjudiciales para el Consorcio". La operación fue autorizada por el director general de Juventud, Juan Francisco Gálvez, que no ha reconocido su firma en el documento.
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