El ministerio fiscal asegura que Damià Amengual y Juan Francisco Gosálbez "idearon, planificaron y desarrollaron" una estrategia para "apoderarse de ingentes cantidades de dinero procedentes de los fondos públicos". Para ello, estos dirigentes del Consorcio Turisme Jove durante la última legislatura de Matas se aprovecharon "de la falta total y absoluta de controles administrativos sobre su gestión".
La querella criminal presentada por Anticorrupción considera que las actividades ilícitas llevadas a cabo por las once personas que hasta ahora se han visto envueltas en la trama son constitutivas de hasta seis delitos diferentes, por los que pueden llegar a ser condenados a 23 años de prisión.
El ´autoalquiler´ de unos locales de Gosálbez -que pagaba la hipoteca de los mismos con el dinero que cobraba a la administración-, el cobro generalizado de comisiones a los proveedores de servicios y el cargo a las cuentas del consorcio de toda suerte de gastos privados son sólo el punto de partida denunciado por la Fiscalía, que no desestima la aparición de nuevos datos relevantes para la demanda.
Malversación continuada
La malversación continuada de caudales públicos conlleva penas que alcanzan los 8 años de prisión y la inhabilitación absoluta durante 20 años; por falsificación documental pueden recibir 6 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación especial; el mismo tiempo de privación de libertad puede conllevar el delito continuado de cohecho, al que se añade una inhabilitación especial de 12 años. Y la Ley prevé penas de tres años -e inhabilitación especial por diez años- para quienes cometen fraude contra la administración.
A estos actos ilícitos se añaden, además, las negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y la prevaricación continuada, castigada con la inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de diez años.
Amengual -ex gerente del Consorcio- y Gosálbez -ex jefe de servicios- son los principales querellados en este estadio inicial de las actuaciones legales, aunque la querella de Fiscalía también alcanza a la gestión del ex director general de Juventud, Juan Francisco Gálvez, y a otras ocho personas.
Entre ellas destacan diversos constructores, publicistas y otros empresarios, que han admitido haber pagado suculentas comisiones a Gosálbez y Amengual para no perder como cliente a una entidad que generaba numerosos encargos, aunque estos comportaran un peaje de hasta un tercio de su importe.
Pero también se denuncia a la ex compañera de Gosálbez, quien ha reconocido su firma en el alquiler fraudulento de locales que despertó este caso tras la investigación llevada a cabo por DIARIO de MALLORCA.
Las acciones llevadas a cabo por los ex dirigentes del Consorcio Turisme Jove han acreditado indicios de malversación de una cantidad que "supera" los 800.000 euros, "de momento". Para cubrir las responsabilidades pecuniarias derivadas de este delito, Anticorrupción cree necesaria una fianza superior al millón de euros.
Considera el fiscal Pedro Horrach que Gosálbez "utilizó en su propio y exclusivo beneficio" los fondos públicos a los que tenía acceso, destinándolos a viajes, restaurantes y otros pagos suntuarios por nunca menos de 21.000 euros. Idéntica acusación pesa sobre Damià Amengual, por 10.000 euros.
Pero sobre todo, Gosàlbez urdió con ayuda de su ex pareja, María Auxiliadora Pérez de Algaba, la manera de comprar un local con cargo a la administración, blindando el contrato de manera que en aún en caso de rescisión se pagara la hipoteca de 648.000 euros de Algaba. Además, "se apoderaron de 18.957,25 euros" del Consorcio para el alberguismo juvenil, mediante facturas falsas.
Los servicios ficticios, los alquileres fraudulentos y el cobro de comisiones completan la radiografía tomada por Anticorrupción.
