Los investigadores de la presunta trama de corrupción en el consorcio de Turisme Jove durante el Govern de Matas se han topado con una dificultad añadida. No encuentran las actas del consejo de dirección. De momento, no hay rastro de ellas y se sospecha que hayan podido ser destruidas u ocultadas.

Las actas del organismo público durante los cuatro años de la legislatura del Partido Popular han desaparecido. La Fiscalía Anticorrupción de Balears presume que la documentación haya podido ser destruida para dificultar las pesquisas. Estos documentos podrían ser reveladores para conocer el ´modus operandi´ del consorcio, ya que cuando se reunía el consejo de dirección de la entidad se tomaban decisiones de gran calado como ampliaciones de capital, auditorías o la compra de terrenos.

En el consejo de dirección de Turisme Jove participaban el ex director general de Juventud, Juan Francisco Gálvez, que el pasado jueves quedó en libertad con cargos; el ex gerente, Damià Amengual, hombre de máxima confianza de Rosa Puig que eludió la prisión al pagar una fianza de 12.000 euros; la entonces directora general de Menores, un representante de Turismo, concejales de municipios como Llucmajor o Sencelles y tres representantes de ayuntamientos donde hay albergues (Alcúdia, Ciutadella y Formentera). En una ocasión incluso asistió la ex consellera de Presidencia y Deportes, Rosa Puig.

También desempeñaba un papel importante dentro del consejo de dirección Juan Francisco Gosálbez, en prisión incondicional desde el jueves por la noche al ser considerado como el presunto cerebro de la trama y el auténtico mandamás del consorcio donde ejercía de jefe de instalaciones y servicios. Gosálbez, según varias pruebas testificales, era el secretario del consejo y, por tanto, el encargado de redactar las actas.

Varios testigos lo señalaron a él como la persona que llevaba las actas del consejo de dirección. Estos documentos presuntamente se dejaban en un estante al alcance de cualquier persona que entrara en la oficina.

Juan Francisco Gosálbez, defendido por el letrado Octavio Couto, no ha dado ningúna explicación sobre dónde están las actas ya que se acogió a su derecho a no prestar declaración tanto en la Jefatura Superior de Policía como en el juzgado de guardia de Palma. Los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán le acusan inicialmente de un rosario de hechos delictivos: delito continuado de malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, delito continuado de falsificación documental, continuado de cohecho, fraude a la administración pública y delito continuado de prevaricación.

El ministerio público solicitó el ingreso en prisión de Juan Francisco Gosálbez al argumentar que existía un elevado riesgo de fuga, tenía importantes recursos económicos y podía interferir en la investigación accediendo a testigos y documentación y destruyendo pruebas. La acusación particular, ejercida por el bufete Pomar en representación del consorcio, se adhirió a la petición y añadió que las cantidades defraudadas serían de al menos 600.000 o 700.000 euros.

Acceso a la documentación

El ex gerente de la entidad, Damià Amengual, el supuesto ´hombre de paja´, que fue asistido por el abogado Tomeu Vidal, también confirmó que Gosálbez tenía pleno acceso a las actas del consejo de dirección, como otras personas.

Amengual manifestó no saber nada sobre la desaparición de estos documentos en cuatro años y dijo que las actas realmente existían porque él mismo las había visto. Además, negó de forma rotunda haber destruido u ocultado dicha documentación. Según su versión, cuando dejó su cargo no se deshizo de ningún papel ni dio orden de que se destruyera ningún documento oficial de Turisme Jove.

El ex gerente detalló que las actas del consejo de dirección del consorcio se guardaban en una estantería en la oficina, muy cerca de la mesa donde trabajaba Juan Francisco Gosálbez. Este lugar estaba abierto, con lo que era muy fácil acceder.

Amengual también dio un dato relevante al explicar que los contratos que firmaba no pasaban por el consejo de dirección porque el ex director general de Juventud, Gálvez, le había dicho que no era obligatorio según los estatutos del organismo.