Tres de las seis personas detenidas ayer por presunta malversación de caudales públicos, entre ellas dos ex altos cargos del Consorcio de Turismo Joven del Govern en la pasada legislatura, han sido puestas en libertad, mientras las otras tres prosiguen en las dependencias de la Jefatura Provincial de Policía.
Las tres personas fueron puestas en libertad a última hora de la tarde de ayer, según han informado a Efe fuentes policiales que no han precisado las identidades de quienes han sido liberados y quienes prosiguen detenidos y han pasado la noche en la sede policial.
Las mismas fuentes han indicado que con toda probabilidad las diligencias proseguirán durante el día de hoy y las tres personas que todavía permanecen en la Jefatura de Policía de Palma, no pasarán a disposición judicial hasta mañana.
El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, se encuentra también en la sede del Cuerpo Nacional de Policía de Baleares, desde las 8.00 horas de la mañana.
Los detenidos ayer se enfrentan a una acusación por prevaricación, cohecho, falsedad y negociaciones prohibidas a funcionarios.
Según informaron a Efe fuentes relacionadas con el caso, entre los detenidos ayer se encontraban el ex gerente del Consorcio Turismo Joven, Damià Amengual; el contable de la entidad, Jaime Cerdà; el jefe de Servicios y Mantenimiento de la misma, Juan Francisco Gozálbez; y la esposa de este último, María Reyes Carbonell.
El quinto detenido fue Marcos Pérez Martínez, un constructor de las islas, y el sexto el dueño de una agencia de viajes cuya identidad no trascedió.
Fuentes policiales señalaron que los seis detenidos son "antiguos responsables, a diferentes niveles, del Consorcio de Turismo Joven de Baleares".
Las detenciones se produjeron durante la mañana de ayer, por parte de funcionarios de la brigada de Policía Judicial, dando cumplimiento al requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción, a partir de unas denuncias formuladas por supuesta malversación de caudales públicos.
La principal acusación se basa en que Gozálbez habría blindado un contrato de alquiler con el Govern en la anterior legislatura -pocos días antes de que se celebrarán las elecciones autonómicas- por un valor de 300.000 euros, en concepto de la mensualidad por arrendar un local al Consorcio de Turismo Jove.
Este local figura como propiedad de una empresa ficticia a nombre del propio Gozálbez y de su esposa y el contrato rubricado implicaba que el Govern, en el caso de prescindir del local, tendría que seguir pagando la mensualidad del alquiler, fijada en 4.500 euros al mes.
Asimismo, a los detenidos se les imputan el pago de varias comisiones en diferentes obras
