12 de agosto de 2008
12.08.2008
ofensiva anticorrupción. entre los cinco arrestados está el anterior gerente del consorcio público

Detenida por corrupción la cúpula de Turismo Joven del PP

12.08.2008 | 02:19
Los fiscales anticorrupción Miguel Ángel Subirán y Pedro Horrach abandonan las dependencias policiales ayer al mediodía.

Un ex cargo está acusado de utilizar fondos públicos para gastos particulares con la connivencia de otros compañeros

La antigua cúpula del consorcio de Turismo Joven -que gestiona la red de albergues y organiza programas de ocio juvenil- en la época del Govern Matas ha dormido esta noche en los calabozos. Y lo ha hecho por el delito más grave que implica a un cargo público: corrupción. Cinco personas, tres de las cuales ocupaban puestos de responsabilidad designados por el Partido Popular, fueron detenidas ayer por la Policía a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Balears, que ha detectado una serie de graves irregularidades cometidas por los máximos responsables políticos de este organismo público en la anterior legislatura. Posteriormente, dos de ellas quedaron en libertad tras declarar.
En una primera valoración, a la espera de que se vayan perfilando los cargos, estarían acusados de los delitos de cohecho, prevaricación, falsedad en documento público y negociaciones prohibidas a funcionarios, delitos que llevan aparejado el ingreso en prisión. Anoche se buscaba a una sexta persona para ser detenida, pero no pudo ser localizada.
Esta cúpula, designada por la ex consellera de Presidencia, Rosa Puig, la encabezaría su hombre de confianza, Damià Amengual, número 2 del PP en Algaida y que fue nombrado a dedo como gerente del organismo público. Comparte calabozos con su fiel colaborador, Juan Francisco Gosálbez Rodríguez, en su día destacado dirigente de las Nuevas Generaciones del PP, que ocupaba el cargo de jefe de servicios y mantenimiento del consorcio. El tercer detenido, también vinculado al PP, es Jaume Cerdà, el contable de Turismo Joven, y que aún hoy desarrolla este trabajo.
La esposa de Gosálbez, María Auxiliadora Pérez de Algaba, también fue detenida, al igual que el constructor Marcos P. M. El sexto implicado, que seguía en búsqueda al cierre de esta edición, es el responsable de una agencia de viajes.
La denuncia que ha motivado toda la actuación policial la presentó el actual Govern, que detectó graves irregularidades, muchas de ellas delictivas, al estudiar las cuentas del consorcio. El grueso de la documentación la ha aportado la conselleria de Juventud y Deportes, de la que depende orgánicamente dicho consorcio.
A instancias de una investigación iniciada por DIARIO de MALLORCA, se averiguó que el consorcio había alquilado poco antes de las últimas elecciones autonómicas un local en la barriada palmesana de la Bonanova para instalar una oficina de turismo juvenil. Desde el exterior apenas se aprecia actividad laboral alguna, pero el Govern pagaba religiosamente un alquiler mensual de 4.500 euros más IVA. El inmueble es propiedad de Gosálbez y de su esposa.
Es decir, un cargo del consorcio se autoalquiló un local y percibe unos ingresos anuales de 54.000 euros de las arcas públicas, de donde también salieron 180.000 euros para reformárselo. En el contrato de arrendamiento aparece una cláusula de blindaje: Si por cualquier causa el Govern decidiera rescindirlo por su cuenta, tendría que pagarle unos 300.000 euros. El documento aparece firmado por el ex gerente Amengual.
Pero las irregularidades cometidas por Gosálbez no se limitan a este autoalquiler de este local, en el que por cierto pesa un préstamo de 638.000 euros que se abonan con los ingresos mensuales que aporta el Govern. El ex jefe de servicios y mantenimiento creó una sociedad, Grupo Fanodi Gestión S.L., en el también figura su mujer. En los papeles es esta empresa la que alquila el local, para que no aparezca el nombre del cargo del PP. Se cree que esta sociedad falsificaba facturas para maquillar comisiones.
Además, según ha podido averiguar la Policía, Gosálbez también se habría apoderado de una subvención de unos 18.000 euros que abonó la Red Española de Albergues Juveniles por el intercambio de jóvenes en un campamento de Alcúdia, pero que al parecer nunca se realizó. También se cree que pagaba con dinero público viajes privados que presentaba como gastos de trabajo.
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