"La jerarquía católica defiende su situación privilegiada en la educación"

-¿Qué balance hace del curso 2007-2008?

-Hemos tenido un cambio de Govern. Hay una diferente percepción de las necesidades del sistema educativo y un compromiso del presidente Antich respecto a la importancia de las actuaciones que hay que hacer en educación. Hasta ahora, ha habido muchísimo parcheo. El PP alardeó del número de plazas que construyó, y es cierto que fue significativo, pero hay que decir que totalmente insuficiente, porque teníamos más alumnos que plazas generadas. El problema de saturación es grave. Se han ido ocupando espacios, lo que ha significado desaparición o uso múltiple de bibliotecas, comedores, salas de informática, laboratorios. Hay centros en los que se están haciendo clases debajo de unas escaleras.

-¿Cómo ha abordado el Govern el problema de la admisión de alumnos?

-La Conselleria ha abordado el problema de la admisión de alumnos, que es el del reparto absolutamente injusto del alumnado. El hecho de que hubiese el intento de reservar las plazas para alumnos con necesidades específicas hasta el mes de septiembre, que desde nuestro punto de vista no era suficiente, y de que después se produjera el veto de Unió Mallorquina, nos suena a una defensa de intereses espurios. Hay centros que están absorbiendo un 70 u 80 por ciento de alumnos inmigrantes, la gran mayoría públicos. Esto supone un proceso de creación de guetos. La incorporación de alumnos extranjeros no tiene que ser un problema en sí, siempre que se pongan los medios necesarios. Confiamos en que se alcance algún acuerdo político para volver a abordar el asunto.

-¿Qué le parece la solución adoptada con los libros de texto?

-El sistema elegido para acercarnos a la gratuidad en los libros de texto no lo compartimos al cien por cien, aunque sí que se intente fomentar la sostenibilidad, el reciclaje y la conservación de los libros, pero hay otros modelos más eficaces que permiten el abordaje de la gratuidad.

-¿Defiende entonces que la Conselleria financie directamente el coste que supone para las familias los libros escolares?

-Nosotros defendemos la gratuidad de los libros en la enseñanza, pero entendemos que hay una situación de crisis. Hace tres años hicimos una valoración de lo que suponía el gasto en libros de texto para las familias de Balears y era de unos 14 millones de euros. Ahora mismo, esta cantidad está en torno a los 17 millones. Pensar que podemos pedir a un Govern que asuma este coste y lo distraiga de otras necesidades más importantes sería una negligencia. Asumimos que los padres tenemos que colaborar con la administración para implantar el sistema.

-¿Es suficiente el plan de infraestructuras del Govern? ¿Teme que la crisis pueda impedir al Ejecutivo cumplir sus compromisos?

-Es lo mínimo que se tiene que hacer para empezar. Y sí, hay un cierto temor a que la situación económica y la que se nos avecina, pues parece que va a agravarse, pueda suponer un freno a la capacidad de inversión del Govern. Confiamos en que no sea una afectación importante, porque el president manifestó que la educación era una prioridad. El Govern se ha comprometido a ampliar hasta el 6% del PIB la inversión en educación, y ahora mismo estamos en torno al 3,4%. Aunque las cifras suenen muy grandes, no hay que olvidar que, en 25 años, en Balears prácticamente no hemos hecho nada.

-¿Cómo ha visto el conflicto laboral en la enseñanza concertada?

-Tenemos una norma que es no hacer una toma de posición en las cuestiones laborales entre profesorado y patronal o entre profesorado y Conselleria, pero nos sentimos afectados negativamente porque se ha utilizado el efecto de esa huelga sobre las familias como una forma de presión.

-¿Qué opina del giro que ha dado a la enseñanza de una tercera lengua el actual Govern?

-Es positivo, pero insuficiente. La Administración todavía no se ha preguntado qué sucede con un sistema de enseñanza en el que el alumnado no adquiere las competencias básicas que se supone debería tener al final de la etapa. Si esto ocurriese con Matemáticas, estaríamos tirándonos de los pelos. El actual Govern respeta más el idioma catalán, que sigue siendo la lengua que menos apoyo social tiene.

-¿Coincide con quienes denuncian que existe un conflicto educativo en las comunidades con dos lenguas oficiales?

-Es un problema más político que educativo. La percepción que se tiene desde todos los sectores del mundo educativo es que sí hay que hacer determinados cambios, pero desde el punto de vista de permitir que el catalán siga cogiendo el papel que debe tener en nuestra sociedad. Hablar de problemas lingüísticos no responde a la realidad. Los derechos los tienen ambas partes y el tratar de enconar posiciones en defensa de una u otra lengua sólo va a traer conflictos.

-¿Son comunes los casos de violencia en centros educativos de Balears?

-No más que en cualquier otro ámbito de la sociedad, ni más que en otras comunidades. Cuando hablamos de convivencia todo el mundo lo asocia a la violencia, pero los centros escolares son simplemente espejos del entorno social de donde proviene el alumnado, las familias y el profesorado.

Aplaudimos el cambio que se ha hecho del Observatorio para la Violencia Escolar, que se creó por intencionalidad política pero sin ninguna eficacia, para convertirlo en un instituto (para la convivencia y el éxito escolar). Es muy positivo que se haya iniciado la creación de unidades de asesoramiento a los centros en casos de conflicto.

-¿Es acertada la percepción de muchos padres que achacan parte de los problemas de la educación a la elevada presencia de alumnos inmigrantes?

-No de muchos, de algunos que son muy ruidosos. Los alumnos inmigrantes no son el problema. Es una situación que tenemos y no estamos ni mejor ni peor que muchos países de nuestro entorno. Tenemos la posibilidad de aprender de los errores y los aciertos de otros países y eso no lo estamos haciendo. Ahora mismo, el volumen de población inmigrante está en torno al 20% en Balears, y lo que sería normal es que hubiese del 15 al 20 % de alumnado inmigrante en todos los centros, pero no es el caso. Tenemos centros en barrios con mucha población inmigrante con un 80% de alumnado inmigrante y otros, en los mismos barrios, con un 2%. Esta desproporción está causada por una malísima gestión de la escolarización y se tiene que corregir.

-¿Está justificada la existencia del Ministerio cuando la educación está transferida a todas las comunidades?

-Sí. El Ministerio tiene que tener un papel homogeneizador de la legislación general. En algunas comunidades, como Euskadi o Cataluña, es evidente que hay un modelo muy específico que no coincide exactamente con otros. La nueva junta directiva de Ceapa tiene previsto trasladar al Ministerio la necesidad de definir los parámetros comunes de calidad.

-¿Cómo afectan los continuos cambios legislativos a la enseñanza?

-Es muy necesaria la estabilidad para el sistema. En el caso de Balears, añoramos esta estabilidad. Si cada vez que cambiamos de Govern vamos a tirar por tierra todo lo que se ha planteado, se perjudica en un grado muy notable al alumnado. El problema es que se está haciendo un uso partidista de la educación, un uso doctrinario, y englobo en esto a todos los partidos.

-¿Están justificadas las quejas de la Iglesia por los cambios de la asignatura de Religión en el bachillerato?

-Coapa siempre ha defendido que la cuestión religiosa es algo que compete exclusivamente al ámbito privado de las personas y existen lugares y actividades específicas para la formación religiosa. Defendemos desde hace largos años la desaparición de la enseñanza o formación religiosa en el horario lectivo. El hecho de que un 6% del alumnado que estudia Religión en bachillerato mantenga obligado a un 94% a realizar otra actividad que no tiene más sentido que el de justificar la presencia en el aula de esa minoría, es injusto desde cualquier punto de vista. El acuerdo tienen que partir de la no imposición de las mayorías a las minorías, y mucho menos de las minorías a las mayorías. Las reacciones de la jerarquía católica al decreto del Govern son sólo una defensa de la situación privilegiada de la que esta confesión goza. Al defender la obligatoriedad de la asignatura alternativa parece que tuviera temor a que si se convierte en algo voluntario nadie vaya a querer estudiar Religión. ¿Se trata entonces de obligar?

-¿Cree que los católicos, en general, apoyan la postura de la Iglesia?

-Afortunadamente, una amplia base de la Iglesia Católica no parece compartir esa necesidad de imponer que parece tener una parte de su cúpula, y que quienes tienen un sentimiento religioso personal y profundo, pero respetan a los demás y la posible diversidad de sus creencias, educan en ella, pero no imponen, y eso es algo que encaja a la perfección en un estado que pretende ser laico.

-¿Entiende que esta situación obliga a revisar los acuerdos entre España y el Vaticano?

-Hace sólo unos días que se ha manifestado por parte del Gobierno central que no se va a abordar ningún cambio, por el momento, del Concordato con el Vaticano, y a la vez se ha dicho que se quiere acompañar la evolución de la sociedad. Pues bien: hay una parte importante de la sociedad que reclama que, cuando menos, se revisen y se aborden cambios que se ajusten al siglo en el que estamos.

-¿Va a ser significativa la objeción a Educación para la Ciudadanía de cara al próximo curso?

-La mayor parte de los recursos que se han presentado, en torno al 80%, son más simbólicos que prácticos. Educación para la Ciudadanía ha quedado en una asignatura casi testimonial, porque una hora a la semana a lo largo de dos cursos de una etapa educativa no es significativo. Va a ser una 'maría'. No tiene fundamento acusar a la asignatura de adoctrinamiento cuando no hay en el currículum ni un solo elemento que no pueda ser asumido por cualquier doctrina y cualquier ideología. Ha sido una maniobra de desgaste que se utilizó a nivel general.

-¿Qué papel deben jugar las asociaciones de padres en el sistema educativo?

-Es necesario reconocer la importancia que tienen las asociaciones de padres dentro del sistema educativo como elemento vertebrador de la participación de las familias. El profesorado se queja en muchos casos de que los padres no participamos suficientemente de los procesos educativos, pero lo cierto es que no tenemos muchos canales adecuados de participación y que hay un porcentaje del profesorado que ve a los padres de alumnos como intrusos dentro del proceso de la educación. También es importante que se fomente la formación de las familias, porque es una inversión a medio y largo plazo.