La mayoría de estas sociedades tienen su sede en Mallorca, aunque el procedimiento de quiebra alcanza a empresas subcontratadas que están repartidas por todo el archipiélago. Los procedimientos de suspensión de pagos abiertos afectan a 500 y 600 trabajadores del sector.

En declaraciones a Europa Press, el director de la Asociación de Constructores de Baleares, Manuel Gómez, indicó que la mayor parte de ellas pertenecen al grupo de las llamadas medianas empresas, que tienen entre 20 y 100 empleados a su cargo.

No obstante, los problemas de liquidez también han pasado factura a otras entidades que manejan mayores cifras de negocio, como es el caso de la constructora-promotora Sa Pobla Seguí Munar e Hijos S.L. que también ha solicitado este año un concurso voluntario de acreedores.

Gómez precisó que las 23 entidades pertenecen a su Asociación e indicó que son "una muestra más" de que la crisis del ladrillo continua cobrándose víctimas. Otro indicador "preocupante" tiene que ver con el desempleo que arrastra el sector, que suma 4.772 parados en los cinco primeros meses del año, lo que se traduce en una de las "caídas de empleo más acuciantes de los últimos años en la comunidad", aseguró.

En tan sólo un mes -entre abril y mayo- se han dado de baja en el régimen general de la Seguridad Social 1.740 trabajadores de Baleares, muchos de ellos inmigrantes o personal con poca cualificación "que se ha quedado en la calle ante la falta de actividad de sus patronos", lamentó.