Cualquier ciudadano balear que pase hambre por no tener dinero para comprar comida podrá exigir a la Administración que lo alimente, según el derecho a no pasar hambre que recoge la nueva ley balear de servicios sociales, actualmente en fase de borrador y adelantada por este diario.
Así lo anunció ayer la consellera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, Fina Santiago, durante la presentación del borrador de la ley, que se registrará en el Parlament balear en septiembre u octubre y se negociará con todos los partidos políticos, profesionales de los servicios sociales y entidades, según prevé la consellera titular, Fina Santiago.
La nueva ley incluirá, entre otros derechos subjetivos, el derecho a una ingesta mínima de alimentos, que podrá ser reclamada judicialmente en caso de que la Administración incumpla su deber, indicó la Conselleria en un comunicado.
Por tanto, si, una vez se haya valorado técnicamente que una persona o familia se encuentra en una situación de necesidad que le impide acceder por sí misma a una alimentación suficiente, la Administración autonómica estará obligada a concederla a través de diversas posibilidades, como comedores sociales, bolsas de alimentos, comedores escolares, etcétera.
