El juez del juzgado de instrucción número 7 de Palma ha dictado un auto por el que archiva la querella presentada contra Joan Verger, ex presidente de la Autoritat Portuària, que fue acusado de un delito de prevaricación. Le denunció la empresa Boat Yard Palma, que perdió un concurso público para desarrollar un servicio de izado y botadura de embarcaciones en puertos de Balears. Este concurso lo ganó la empresa Servicios Técnicos Portuarios S. L., propiedad del empresario del sector náutico Joan Riutort.
La empresa que perdió el concurso denunció que Verger había sido socio de una sociedad en la que también participaba Riutort. Y por tanto intentó ligar esta circunstancia con la decisión del concurso. Afirmaba que Verger se aprovechó de su puesto en la Autoritat Portuària para beneficiar los intereses de su antiguo socio.
El juez, en el análisis de las pruebas y de las declaraciones de los testigos, confirma que en efecto existió una relación comercial entre Verger y Riutort en la empresa IP3M. Sin embargo, y así lo declara el auto, esta relación comercial ya no existía en el momento de pronunciarse sobre el concurso público. Verger vendió sus participaciones en el año 2003, antes de ser nombrado presidente de la Autoritat Portuària.
Además, según cita el juez Garcías en su auto, la decisión de Verger en otorgar el concurso a la empresa de Riutort coincidía con la valoración que había realizado la comisión técnica, que había estudiado el pliego de condiciones que aportaron las dos empresas que se presentaron al concurso. El juez escuchó el testimonio de los integrantes de esta comisión técnica, que no sólo negaron presiones de Verger, sino que recordaron que el informe se redactó por unanimidad de los tres componentes y el consejo de administración de la Autoritat Portuària, que está compuesta por 27 miembros, no presentó ningún voto en contra.
La decisión del juez Garcías ha sido recurrida por la empresa que perdió la concesión
