Los registros que varias comisiones judiciales han realizado en cajas fuertes y cofres de seguridad de al menos tres imputados en el caso Son Oms, una presunta trama de cobro de comisiones millonarias y otras corruptelas en torno a la gestación y explotación del polígono industrial del mismo nombre, han pinchado en hueso. Los investigadores, que el pasado jueves abrieron otras dos cajas fuertes, no han encontrado casi nada dentro de dichos cofres.
El caso Son Oms está bajo secreto sumarial y seguirá bajo dicha condición previsiblemente hasta septiembre. Las declaraciones de los imputados no se señalarán hasta septiembre u octubre, según las previsiones actuales.
En las diligencias figuran siete imputados: el diputado y portavoz de Unió Mallorquina (UM) en el Parlament, Bartomeu Vicens, y su esposa, Antònia Martorell; el ex president del Parlament por UM Maximilià Morales; la presunta testaferro de los Vicens, Elisabet Diéguez; el abogado y empresario Jaime Montis; y los también empresarios Bernat Febrer y Miquel Munar y Munar, dos de los propietarios de solares en Son Oms.
Los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau presumen que en el proceso de creación y explotación del polígono de Son Oms se pudieron cometer una larga serie de delitos: tráfico de influencias; cohechos (sobornos), estafas, falsedades documentales y otros. Anticorrupción mantiene que estas personas, y otras que les habrían auxiliado o amparado, se pudieron repartir comisiones muy importantes derivadas del cobro de un 15 por ciento de los solares recalificados como urbanizables a los dueños de las primitivas fincas agrícolas de s´Aranjassa reconvertidas en suelo industrial.
El pasado 29 de mayo se produjeron dos registros dentro del caso Son Oms: la casa particular de Diéguez y sede de la empresa Metalumba y el bufete Montis.
Con posterioridad se han localizado y abierto varias cajas de seguridad a nombre de algunos imputados. Uno de estos cofres aparecía registrado a nombre de Antònia Martorell, la esposa del diputado Vicens. Los investigadores hallaron allí un antiguo botón mallorquín, unas cuantas joyas y unos seis mil euros en efectivo.
En otras cajas fuertes allanadas no había ni eso, puesto que las comisiones judiciales las han encontrado completamente vacías.
Policía, Agencia Tributaria y fiscalía están procesando los documentos en papel y soporte informático intervenidos durante los registros. También se están rastreando más facturas que pudieron haber sido utilizadas por el presunto entramado para cobrar las comisiones y blanquear, mediante inversiones, el dinero de origen ilícito.
