Para visitar Cabrera ya no será necesario desplazarse hasta el archipiélago en las golondrinas que parten de la Colònia de Sant Jordi o disponer de una embarcación propia y del permiso necesario para acceder al parque nacional.
Y es que ayer, con más de un año de retraso por diferentes circunstancias y con un coste final de 21 millones de euros, la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, y el presidente del Govern, Francesc Antich, inauguraron el centro de interpretación del parque nacional, una ambiciosa instalación abierta al público de forma gratuita a partir de hoy que recrea minuciosamente los fondos marinos de Cabrera.
"Ha sido diseñado para descubrir Cabrera desde la distancia confiando además que despierte la conciencia conservacionista de la población al tiempo que libere de la presión humana al parque", recalcó la ministra.
Precisamente, el director del parque nacional, Jorge Moreno, indicó que el centro de interpretación permitirá hacer "una visita virtual a Cabrera" y auguró que podría ser visitado por unas trescientas mil personas cada año, muy por encima de los alrededor de setenta mil visitantes que cada año acceden por mar al archipiélago protegido.
Por su parte, el president Antich, tras calificar Cabrera como "el valor cultural y paisajístico más importante de Balears", incidió en que el centro de interpretación complementará unas visitas que son limitadas y expresó su convencimiento de que la transferencia del parque nacional a la comunidad autónoma se hará efectiva a principios del año que viene ya que, estimó, "hay voluntad por ambas partes de llegar a un acuerdo para poder realizar después una buena gestión del parque".
La ministra Espinosa también señaló que "existe voluntad para la transferencia, no hay ningún problema, tan sólo estamos perfilando los últimos flecos de dotación de personal. En cualquier caso", advirtió, "la culminación de la transferencia está en manos del Ministerio de Administraciones Públicas".
Pero no todo fueron elogios para el nuevo centro. Sofía Alomar, de la organización ecologista Greenpeace que forma parte del consorcio del parque nacional, reprochó que la nueva instalación es insostenible medioambiental y económicamente, mantiene especies animales en cautividad fuera de su hábitat y no usa energías alternativas para paliar su alto gasto energético.
Asimismo, el alcalde de ses Salines, Sebastià Burguera, recordó que la afluencia de visitantes puede agravar los problemas de aparcamiento que sufre la Colònia por lo que instó al Govern a comprar un solar cercano y al ministerio de Medio Ambiente a que ejecute un aparcamiento subterráneo en él.
