El Grupo de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de Policía se incautó ayer de decenas de documentos en soporte papel e informático en los dos registros, realizados con orden judicial, en el bufete de abogados Montis y en la calle San Joaquín 15, 5º C, un piso donde aparece domiciliada la sociedad Metalumba S.L. La operación estuvo coordinada por los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach y el delegado de la Agencia Tributaria en Balears, Raúl Burillo, y también dio pie a la apertura de una caja de seguridad a nombre del parlamentario de UM Bartomeu Vicens.
Los investigadores del caso Son Oms pidieron ayer al juez de guardia, José Castro, sendos mandamientos judiciales de entrada y registro en el despacho Montis, de la calle Sant Jaume 7, bajos, y en el mencionado piso de la calle San Joaquín.
Los secretarios judiciales de instrucción 3 y 10, María Lourdes Peña y Jesús Macein, encabezaron las comisiones judiciales que registraron durante varias horas, entre las diez y media y bien entrada la tarde, el bufete, y con mayor rapidez el piso.
Volcar los ordenadores
Al igual que ocurrió en la operación Relámpago, los funcionarios policiales y de Hacienda volcaron archivos de ordenadores del despacho de Montis en soportes informáticos. Jaime Montis, el abogado incluido en la querella contra el supuesto entramado de corrupción en torno al polígono de Son Oms, estaba, al parecer, ausente de Palma.
Una miembro de la junta de gobierno del colegio de Abogados de Balears asistió al registro, como estipula la ley en el caso de entradas en despachos profesionales de letrados. Manuel Montis, otro de los socios principales del despacho, se encargó de atender a la comisión judicial; no puso obstáculos al volcado de los archivos informáticos, pero pidió que se le devuelvan los expedientes y datos de terceros clientes ajenos a los hechos incluidos en la querella.
Los policías actuantes no portaban uniforme, pero sí que llevaban chalecos reflectantes identificativos de su condición.
El despacho registrado está ubicado en uno de los patios más bellos del Casco Antiguo, incluido en la ruta de visitas del Corpus.
Tres nombres en el buzón
El allanamiento de la calle San Joaquín, una paralela a General Riera, no atrajo a muchos periodistas, ni curiosos y se hizo con mayor rapidez. En este registro estuvo presente Jaime Campaner, uno de los letrados del bufete Valdivia que defiende los intereses de Vicens y su esposa.
En el buzón del 5º-C de San Joaquín 18 aparecen tres nombres: Alfredo y Marta Conde y Elisabeth Diéguez, ésta última administradora única oficial de Metalumba, la empresa presuntamente utilizada para canalizar las presuntas comisiones. La sede social de Metalumba actual aparenta ser una casa normal, sin ningún tipo de actividad mercantil. La sociedad antaño estaba radicada en la calle Vent, 95 de Vilafranca.
