La Fiscalía Anticorrupción interpuso ayer una querella criminal contra Vicens, Martorell, el ex presidente del Parlament balear Maximiliano Morales -también de UM- y el abogado Jaume Montis por varios delitos referidos a la compraventa y urbanización de este polígono de la capital balear, en la década de los 90.
La Fiscalía Anticorrupción y la delegación balear de la Agencia Tributaria investigan la actividad de la empresa Metalumba S.L., en la que trabajaba como empleada la mujer de Vicens.
Al parecer, esta empresa no realizaba ninguna actividad, si bien en el registro mercantil figura que se dedicaba al negocio del metal.
Según las pesquisas policiales y de la Agencia Tributaria, esta empresa habría cobrado supuestamente hasta 700.000 euros fruto de las comisiones con origen en la recalificación urbanística de Son Oms, que pasó de ser suelo rústico a industrial en 1998.
Tras negarse a prestar declaración esta mañana ante Grupo de Delincuencia Económica del Cuerpo Nacional de Policía, Antonia Martorell deberá hacerlo próximamente ante el juez Juan Ignacio Lope Sola, del juzgado de Instrucción número 2 de Palma, que investiga esta causa.
También ha declarado esta mañana la administradora de Metalumba S.L., Elisabeth Diéguez, quien ha negado cualquier relación con esta presunta trama de corrupción.
Diéguez ha asegurado a la Policía que no tenía poderes para realizar movimientos bancarios ni de capital y ha explicado que su papel en esta empresa era testimonial.
El "caso Son Oms" está bajo secreto de investigación después de que ayer la Fiscalía Anticorrupción y agentes del Cuerpo Nacional de Policía registraran durante siete horas el despacho en Palma de Jaume Montis, donde se recogió abundante documentación.
También fue registrada la sede de Metalumba S.L., en la calle San Joaquín de la capital balear.
La Fiscalía Anticorrupción imputa a Vicens, Morales, Montis y Antonia Martorell la presunta comisión de tres delitos: estafa, cohecho y tráfico de influencias.
Los dos miembros de UM y el abogado Montis ya declararon hace unos meses como imputados ante la Fiscalía Anticorrupción y negaron, todos ellos, el cobro de un 15 por ciento -en metálico o en terrenos- en concepto de comisión por la recalificación de las parcelas de este polígono de rústico a suelo industrial, aprobada por el Consell de Mallorca en 1998.
La denuncia inicial del caso parte del promotor Ángel Ochano, a quien presuntamente le habrían exigido la cesión de un 15 por ciento de sus parcelas en el caso de que la zona se recalificase, como así sucedió.
