La Policía y la Agencia Tributaria sospechan que Bartomeu Vicens, diputado autonómico de Unió Mallorquina, habría creado una empresa "fantasma" para cobrar 700.000 euros en comisiones procedentes de la operación por la recalificación urbanística del solar de Som Oms. Este dinero lo habría abonado el bufete Montis, uno de los despachos de abogados más importantes de Mallorca, a una empresa vinculada con Vicens y con su esposa. Se trata de la sociedad Metalumba, con sede social en la calle San Joaquín de Palma. En el registro se indica que esta sociedad se dedica al negocio del metal. Sin embargo, según han comprobado los inspectores de la Agencia Tributaria, no se conoce ninguna actividad relacionada con esta actividad industrial. Como administradora figura una mujer llamada Elisabeth Diéguez. Vicens sería socio de esta empresa, que habría contratado a su esposa, Antonia Martorell, para que firmara algunos de estos trabajos cobrados al bufete legal.

Los inspectores tributarios han detectado que, como mínimo, en los últimos cuatro años se han realizado ingresos muy elevados en las cuentas corrientes de esta sociedad. El dinero sale de una sociedad vinculada al bufete de abogados y se ingresa en la cuenta de Metalumba. Estos pagos se han disfrazado con el concepto de "asesoraría". A la mujer de Vicens no se le conoce ningún tipo de profesión, y mucho menos una que pueda ofrecer asesoramiento a un bufete legal. Vicens, por su condición de diputado autonómico, tampoco puede presentar facturas por asesoramiento. Se trataría de una actividad incompatible con su actividad política.

La mujer de Vicens tendrá hoy la oportunidad de explicar ante los inspectores de Policía cuál ha sido la relación laboral que ha mantenido con el bufete Montis. Los fiscales Pedro Horrach y Joan Carrau ya le preguntaron a Vicens cuando fue a declarar al edificio de Fiscalía si mantenía algún tipo de relación laboral o empresarial con el despacho de abogados. El diputado autonómico lo negó.

Sin embargo, los investigadores sospechan que Vicens podría haber cobrado, presuntamente, este dinero como pago por su influencia política en la recalificación urbanística de los terrenos de Son Oms, que pasaron de ser suelo rústico a industrial, con las millonarias plusvalías que conllevan este tipo de cambio de uso del suelo.

A pesar de que la operación de Son Oms se remonta al año 1999, los presuntos delitos que se están investigando no habrían prescrito, ya que los pagos a la empresa Metalumba se habrían realizado en los últimos tres años. Los investigadores buscaban ayer documentación sobre este trasvase de fondos a favor de la empresa de Vicens.