La fiscalía anticorrupción presentó ayer la querella, adelantada por DIARIO de MALLORCA el pasado 22 de diciembre, contra el supuesto entramado de cobro de sobornos de hasta 700.000 euros y tráfico de influencias en torno a la gestación y venta del polígono industrial de Son Oms. Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach incluyen en su querella al portavoz de Unió Mallorquina (UM) en el Parlament, Bartomeu Vicens; a su esposa, Antonia Martorell; al ex president de la Cámara Autonómica por UM, Maximilià Morales, y al abogado palmesano Jaime Montis, cuyo bufete fue ayer registrado por la Policía, que también buscó documentación en la sede de una supuesta empresa tapadera.
La querella de Anticorrupción imputa a los cuatro acusados los presuntos delitos de tráfico de influencias, cobro de posibles sobornos (cohechos), estafa y posible falsedad documental.
La interposición de la querella dio paso a la práctica de dos registros simultáneos en el bufete Montis, situado en la calle Sant Jaume, 7, bajos, y en la sede social de la empresa Metalumba S.L., una sociedad dedicada formalmente a construcciones metálicas, pero que los investigadores presumen pudo servir para distribuir entre algunos de los implicados los sobornos.
Diligencias informativas
La fiscalía anticorrupción abrió, a instancias de una primera denuncia del promotor Ángel Ochando Javaloyas, unas diligencias informativas en el otoño del 2007 para esclarecer si en la gestación y explotación de Son OMS, un proceso que se inició hace 18 años y se ha prolongado hasta la actualidad, se cometieron delitos de alcance económico millonario.
La primitiva denuncia de Ochando, uno de los dueños de fincas rústicas próximas al aeropuerto de Son Sant Joan y a las instalaciones de la Inspección Técnica de vehículos de S´Arenal que participaron en la creación de Son Oms, versaba sobre unas supuestas estafas por parte de los promotores del área industrial. El denunciante reveló que los impulsores del polígono, entre los que incluyó a dos dirigentes de Unió Mallorquina (UM), Bartomeu Vicens y Maximilià Morales, le habían exigido la cesión de un 15 por ciento de sus parcelas en caso de que la zona se recalificase de suelo rústico a suelo urbano-industrial. Este porcentaje sería la presunta comisión o soborno recibido por los querellados.
Otros propietarios de fincas por Son Oms también ratificaron haber firmado con los promotores contratos similares de cesión del 15 por ciento de los solares recalificados.
La Agencia Tributaria, cuyo delegado en Balears, Raúl Burillo, participó en los registros, y la Guardia Civil y la Policía Nacional han rastreado en los últimos meses operaciones realizadas entre Jaime Montis, otro de los promotores del polígono industrial, y Vicens y Morales. Los investigadores han inspeccionado decenas de sociedades y centenares de operaciones y han llegado a Metalumba, a la que vinculan con Vicens y su esposa, un ama de casa. Esta sociedad, a la que no se conoce actividad, habría recibido en los últimos ejercicios importantes cantidades procedentes del entorno de Montis y que podrían ser fruto de los sobornos.
