El Govern balear resolvió ayer la inhabilitación temporal de quien fuera ex consellera de Salud y Consumo durante entre 1999 y 2003, Aina Salom. El Ejecutivo obedece así una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia balear, para el cual la ex consellera no podía haber ocupado el cargo, dado que éste era legalmente incompatible con sus intereses económicos particulares, como propietaria de una farmacia sita en la calle General Riera de Palma.

Salom ocupa ahora el cargo de concejal en el ayuntamiento de Esporles. Este puesto no se verá afectado por la resolución del Ejecutivo, cuya cartera económica ostenta la pareja sentimental de la ex consellera, el catedrático Carles Manera. De hecho, el Govern de Antich entiende que Salom únicamente está inhabilitada para ocupar determinados cargos de libre designación en el ámbito de la Administración autonómica. El mismo Ejecutivo reconocía que no existía ninguna previsión de contratar a la farmacéutica.

Sin embargo Govern entienden que la sentencia se limita a este ámbito, dado que la ex consellera actuó "de buena fe" y entregó su establecimiento a otra persona durante el período en que ocupó el departamento autonómico. Además, según el Govern, la actuación de Salom no supuso "perjuicio" alguno para la Comunidad Autónoma. Si bien se comprobó que la farmacia de Salom era la proveedora habitual de la vecina residencia de ancianos, de titularidad insular, el Consell de Mallorca no realizó compras superfluas en el establecimiento.

Los tres millones y medio de euros que la farmacia de Salom facturó al Consell durante los cuatro años en que duró su mandato no suponen una cantidad "baladí", según aprecia el Tribunal Superior.

Sin embargo, el Govern recuerda que Salom no tenía competencia alguna sobre la institución insular y sus residencias. Además, según defendió entonces Salom y sigue asumiendo el Govern, la consellera no se enriqueció con este dinero, que facturó otra persona.

El Ejecutivo balear ha tardado cerca de tres meses en cumplir la sentencia del Tribunal Superior, publicada en diciembre.

El president Antich ponderó en su momento que la interpretación del tribunal era muy "rígida" y suponía, de hecho, la prohibición de ostentar una conselleria para cualquier titular de farmacia. Además, recordó que uno de los tres jueces emitió un voto particular respecto de este escándalo que fue desvelado por este diario en 2001.