El Partido Popular (PP) ha iniciado una llamativa estrategia político-procesal respecto a tres asuntos judiciales relacionados con otros tantos expedientes o normas urbanísticas de amplio calado: los casos Can Domenge, Son Oms y Plan Territorial de Mallorca. La táctica conservadora podría definirse como alejarse del cuerpo del delito, para, por un lado, culpar a su antiguo socio Unió Mallorquina (UM) de los posibles chanchullos; por otro, exonerarse él mismo de cualquier responsabilidad; y, por un tercer costado, apuntarse al carro de la defensa medioambiental.
En esta línea, el PP dice que apoyó el concurso de Can Domenge fiándose de los informes técnicos y que votó a la UTE ganadora por lealtad a su entonces socio. Por eso culpa directamente a UM del caso. En el Plan Territorial ahora la fuerza conservadora se apunta a una revisión de las áreas de reconversión investigadas por pelotazos millonarios.
