Más allá de la cantidad de órdenes de demolición de construcciones ilegales que se dictan cada año en Mallorca, son escasísimas las que se ejecutan. El PP ha detectado en el Consell "una saturación" en esta materia, y por ello piensa proponer, en los primeros meses del año entrante, que se cree un consorcio supramunicipal para dar cumplimiento a la disciplina urbanística.

"Hay infinidad de expedientes de resolución de infracciones urbanísticas con orden de demolición pendientes de ejecutar. Los técnicos no dan abasto, según ellos mismos me han reconocido, hay que encontrar una solución", explicó ayer el portavoz popular Jaume Font. Éste desconoce la cantidad de expedientes que se acumulan a día de hoy en la institución insular: "El viernes pasado, sin ir más lejos, en la comisión insular de urbanismo aprobamos cuatro expedientes de demolición, uno en Algaida, dos en Andratx y un cuarto en Santa Maria. Suelen ser porches, excesos de volumen... construcciones ilegales en cualquier caso. Ahora su promotor dispone de un plazo para ejecutar el derribo, pero si no lo hace, el Consell no actúa, esa es la realidad", sentenció Font.

El PP tiene solicitado el número de demoliciones pendientes de llevar a cabo, "pero si en cada comisión de urbanismo se aprueban tres o cuatro, por lo menos se decretan una media de 30 al año", explicó el portavoz, "y sólo deben ejecutarse una o dos".

La propuesta de los populares pasa por crear una comisión con todos los partidos del Consell, que en tres meses como máximo estudie los pormenores para poner en marcha el nuevo consorcio.

Reinvertir la recaudación

Éste lo integrarían "representantes del Consell y de todos los ayuntamientos que lo quieran". Font también sugiere que "todo el dinero recaudado por sanciones sea reinvertido en el propio consorcio, que asumiría a su vez las tareas de vigilancia e inspección, especialmente en suelo rústico y en las zonas protegidas". El objetivo, con la creación de este órgano, es dar respuesta a la dejadez de las administraciones: "Al final el tema es que el alcalde [de turno] no quiere enfrentarse a este problema, pero también los hay, alcaldes y ediles, que sí actúan y pierden algún voto, por eso hay que ayudarles desde el Consell", asevera Jaume Font.