El Consell de Govern tiene previsto aprobar mañana o el próximo día 28 a más tardar el proyecto de ley de medidas urgentes para impulsar la construcción de miles de viviendas a mitad de precio o en alquiler, una vez alcanzado el consenso entre PSOE, UM y Bloc. Finalmente se acepta la posibilidad de que estos pisos se levanten en el suelo rústico que limite con el actualmente urbanizable, aunque se dará prioridad a la edificación en este último.
El objetivo de la ley, que durante el próximo año deberá ser tramitada y aprobada por el Parlament, es crear las denominadas Reservas Estratégicas de Suelo. Para ello, se convocará un concurso con el fin de que los propietarios de los terrenos los ofrezcan con la condición de que, si destinan al menos la mitad de sus solares a vivienda a precio tasado o protegida, se les permitirá construir más alturas en los edificios y se agilizarán los trámites para que puedan iniciar las obras.
Sin embargo, y ante las tensiones que esta iniciativa ha generado en el seno del Pacto -con constantes reticencias por parte del Bloc- se ha especificado en el proyecto de ley que se va a tratar de una medida de carácter excepcional, de forma que sólo se va a convocar un concurso para que los propietarios de terrenos los ofrezcan, aunque se deja abierta la posibilidad de que el Govern acuerde una segunda convocatoria en caso de no lograr los objetivos que se persiguen.
Tipo de terrenos
El proyecto de ley elaborado por la Conselleria de Jaume Carbonero contempla la convocatoria del concurso para que los propietarios de suelo urbano sin una urbanización consolidada, de suelo urbanizable y de suelo rústico de transición -colindante con los anteriores- puedan ofrecerlo, dando prioridad a las dos primeras categorías.
Si los propietarios de los terrenos aceptan destinar el 50% de los mismos a viviendas a precio tasado -que se venderán a unos 1.200 euros el metro cuadrado, lo que supone 90.000 por un piso de 75 metros, la mitad o incluso menos de lo que actualmente se paga en el mercado libre- y de proyección oficial, en el resto de los terrenos podrán construir más alturas de las inicialmente previstas y así mejorar la rentabilidad del solar que les queda. En Palma se permitirán 225 habitantes por hectárea -casi el doble de lo previsto en el Plan Territorial-, cifra que se reduce a 180 habitantes en Calvià, Inca, Llucmajor, Manacor y Marratxí, en el caso de Mallorca. Esta cifra se recorta en el resto de términos municipales.
Respecto a las viviendas a precio tasado, los adjudicatarios de las mismas, dado su bajo coste, tendrán prohibido venderlas hasta transcurridos 20 años, con el fin de evitar operaciones especulativas.
Entre las ventajas que se ofrecen a los promotores está el agilizar enormemente la tramitación de todas las autorizaciones, de las que se hará cargo el Govern balear, aunque los ayuntamientos y los consells podrán elaborar informes vinculantes oponiéndose a proyectos concretos en el caso de que no los consideren adecuados. Hay que tener en cuenta que se exige que las construcciones mantengan el modelo de los edificios de cada zona.
Los planes del Govern estiman que con este sistema se podrán construir 1.250 viviendas anuales a precios inferiores a los del mercado libre -de las que unas 900 corresponderían a Mallorca- hasta situarse en las 5.000 durante la presente legislatura.
La mitad en alquiler
El conseller Jaume Carbonero ya ha anunciado que su objetivo es que más de la mitad de estos inmuebles sean de alquiler, mientras que el resto serán de precio tasado y de protección. Cada propietario de los terrenos deberá especificar en su oferta de suelo el porcentaje que quiere destinar a cada tipología, aunque para la VPO deberá destinarse al menos un 15% del suelo.
En el caso de Palma, se el proyecto de ley autoriza un mayor crecimiento poblacional del previsto en el Plan Territorial.
