La junta de jueces de instrucción de Palma se reunió ayer para analizar, entre otros asuntos, el posible atasco de algunos de los 12 juzgados por la tramitación de las causas contra tramas de corrupción políticas, urbanísticas o económicas. La junta también debatió el sistema de sustituciones entre magistrados, que ha sido impugnado por algunos jueces y que fue reformado hace unos pocos días.
La reunión de magistrados tuvo ayer como trasfondo la acumulación en este año de varios casos de especial complejidad y denunciados, o auspiciados, por la fiscalía anticorrupción. Actualmente, los juzgados de instrucción 1, 7, 11 y 12, tramitan uno o varios sumarios de casos de corrupción urbanística, blanqueos millonarios de dinero, fraudes fiscales igualmente importantes y estafas múltiples. En medios jurídicos no se descartan nuevas denuncias de la fiscalía.
Solamente el magistrado de instrucción 12, encargado del caso Andratx, de parte del caso Relámpago y del caso Can Domenge, cuenta con otro juez de apoyo para ayudarle en la tramitación del resto de asuntos.
El sistema de aleatorio de reparto de denuncias o querellas podría ocasionar que alguno de estos 4 juzgados se vea "agraciado" con otro sumario anticorrupción complicado, lo que podría ocasionar trastornos en el resto de causas. Cambiar las normas de reparto para "proteger" a los juzgados ya saturados , no obstante, podría vulnerar el derecho a ser investigado por un juez ordinario y no preseleccionado.
Algunos magistrados han planteado la posibilidad de especializar juzgados de instrucción en casos de corrupción, una reforma que debería implantarse a nivel nacional y que tendría que venir dotada de más personal y técnicos y policías de apoyo expertos en las diferentesmaterias.
