Jornada de vértigo ayer la del Govern, que por la mañana dio a conocer la aprobación del proyecto de ley que permitirá desclasificar 10 urbanizaciones en Mallorca, y a las pocas horas trascendió su intención de incluir ahora las dos zonas que fueron excluidas por imposiciones políticas en el seno del propio Pacto, originando no poca polémica en las últimas semanas.
Así, fuentes solventes del Ejecutivo dieron ayer por seguro que durante la tramitación de la ley en el Parlament se incorporará, probablemente vía enmiendas, la desclasificación del urbanizable de 8 hectáreas de Can Marçal Vell (en Portocolom, Felanitx), mientras que el ámbito de protección de Biniorella, que afecta a Cala Blanca (Andratx), se extenderá a la totalidad del suelo urbanizable previsto en el lugar. Los motivos por los que se excluyó el primero y se redujo la protección del segundo, en el proyecto de ley definitivo, no están todavía del todo claros. Ayer DIARIO de MALLORCA publicó los vínculos de algunos promotores de ambas urbanizaciones con cargos políticos del PSOE y UM, algo que se apresuró a desmentir tajantemente el president Francesc Antich, tras el Consell de Govern que aprobó el proyecto de ley.
"Mentira como una catedral"
"Nadie de Cala Marçal tiene ningún lazo con el PSOE como para pedirle que protegiera o dejara de proteger, lo que se dice es una mentira como una catedral", aseveró Antich con tono muy serio.
Esta última frase fue repetida hasta en tres ocasiones por el president, "para que quede claro". Antich también expresó su indignación porque con este tipo de acusaciones "se afecta a gente que tiene un recorrido político muy importante en estas islas", en clara alusión a su portavoz parlamentario Antonio Diéguez. El diputado socialista remitió ayer una nota de rectificación y un requerimiento a este diario en los que afirmaba que "es completamente falso que el promotor de Can Marçal Vell, Ponent Marçal S.L., contratase al socialista Antonio Diéguez".
El propio Diéguez admitió a un redactor de este rotativo el pasado jueves que había representado como abogado al empresario Jaume Valens, socio visible de la promotora Ponent Marsal S.L., propietaria a su vez del urbanizable que se ha excluido de la ley proteccionista. Eso sí, el diputado ya se desvinculó por completo de la decisión del Govern sobre el urbanizable.
Antes de pronunciarse sobre este hecho, Antich dejó claro que hablaría sólo por la parte que le tocaba -"no me quiero meter en intríngulis de otros partidos que están dentro del Govern", matizó-, el PSOE. Las evidencias de que durante la negociación del proyecto de ley ha habido un veto sobre todo en el caso de Can Marçal Vell quedaron corroboradas cuando el conseller de Ordenación del Territorio, Gabriel Vicens (Bloc), que compareció junto al president, declinó negarlo públicamente.
Sea como sea, la ejecutiva saliente de Unió Mallorquina -el tercer partido que integra el Pacto de Govern- se reunió de urgencia con miembros de la nueva junta, y acordó mediante un comunicado oficial "apoyar todas aquellas medidas que conduzcan a proteger" la zona de Cala Blanca -con las pretensiones iniciales-, Cala Marçal y evitar la oferta complementaria del golf del Pujol, en Santanyí.
Las tres propuestas coinciden con las exigencias del PP para que sean recogidas en la ley proteccionista. Con su reacción, UM quiso demostrar ante los populares: "¿No quieren protección? pues por nosotros no estarán", sentenció con ironía el aún secretario general de UM, Damià Nicolau.
PP: "Había mala conciencia"
Ante esto, la portavoz en materia territorial del PP, Mabel Cabrer, quiso resaltar la "incoherencia de que el Govern apruebe por la mañana un proyecto de ley que no contempla estas tres zonas, y por la tarde UM rectifique". Para la diputada popular, todo es fruto "de la presión ejercida" por su partido, y afirmó que "muy mala conciencia debía tener UM". Cabrer espera ver ahora materializado este "cambio de postura" de los uemitas mediante enmiendas en el Parlament.
