En las últimas semanas hemos asistido a una enconada diatriba acerca del plan que el conseller de la Vivienda, Jaume Carbonero, ha presentado para dar respuesta a una necesidad acuciante: la de facilitar el acceso a la vivienda social. La oposición ha surgido desde ámbitos diversos, entre ellos el GOB o el Colegio de Arquitectos, y se justifica por un argumento de legalidad: el suelo a urbanizar está incluido en las Áreas de Transición del Plan Territorial Insular, pero aumenta las densidades máximas previstas. Sin embargo, la propuesta de Carbonero ha venido forzada por la escasez de suelo urbanizable disponible en el planeamiento vigente, y también por la escasez de suelo público (el poco que se tenía fue vendido por ayuntamientos y Consell para "hacer caja"), agravado todo ello por la lentitud de los ayuntamientos para adaptar sus planes generales al PTI. En mi opinión, y al margen ya de la discusión sobre la propuesta del conseller, lo que debería criticarse es, precisamente, una legislación y un planeamiento que, incapaces de facilitar soluciones a un problema tan elemental, está obligando a la búsqueda de forzados caminos. Aportaré algunas reflexiones:

1. La población mundial está creciendo a una velocidad y con una aceleración que habría asombrado al mismísimo Malthus. En los últimos cuarenta años hemos pasado de tres mil millones a casi siete mil. La isla de Mallorca no ha sido ajena a este crecimiento, y presenta una curva demográfica muy similar, con un repunte casi vertical en las dos últimas décadas. En este momento crecemos a razón de unos 25.000 habitantes/año. Se podrá afirmar que este aumento se debe a un crecimiento económico desmesurado que es necesario frenar, y se podrá echar la culpa a varios factores, desde el pertinaz empeño de nuestros vecinos europeos por residir en la isla, a la ambición de negocio de los inversores, propios o extraños, o al crecimiento vegetativo de los que aquí habitamos, que se estima en más de un 50% del total. El caso es que el crecimiento comporta un aumento de residentes y fomenta también la llegada de inmigrantes que contribuyen a su vez a acelerarlo.

2. Planificar significa prever el futuro y prepararse para lo que va a venir. Frenar el crecimiento es algo que debe intentarse (sustituir la cantidad por la calidad, ya saben), pero, por el momento, no he conocido propuesta alguna, con visos de sensatez, que muestre el camino. Una de las más oídas es que hay que frenar la construcción. De acuerdo, pero ¿no conseguiríamos entonces, merced a la elemental ley de la oferta y la demanda, aumentar todavía más el precio de la vivienda? A mi juicio, no podemos hacer por el momento otra cosa que estar atentos a las ideas que cualquier ciudadano pueda aportar. Pero sería un grave error planificar nuestro futuro bajo la única hipótesis de que el crecimiento va a frenarse; tal vez eso sería lo mejor que podría ocurrir, pero no es lo único que puede ocurrir.

Recuerdo un viejo consejo paterno: prepara lo mejor? y está preparado para lo peor. Basar la planificación futura empecinándose en la consigna no debemos crecer más puede resultar catastrófico si no se dispone de un plan B. Se debe, en efecto, inexcusablemente, estar preparado para el caso de que el crecimiento continúe al mismo ritmo que ahora ocurre, e incluso para el caso -por desgracia probable- de que la derivada de la curva aumente. Si la población de la isla ha pasado en cuarenta años de 400.000 a 800.000 habitantes, podría ocurrir que en los próximos veinte años -sólo manteniendo la pendiente de la curva demográfica actual- aumentáramos en más de otros 400.000.

3. La rehabilitación de viviendas vacías o la ocupación de suelos urbanos vacantes, podría significar una solución a corto plazo, pero es un camino difícil e insuficiente: difícil, porque las propuestas legales de penalizar a los propietarios de esas viviendas o esos suelos (Leyes del Suelo del 56, 76, 92) no han resultado políticamente viables. Pero, aún aceptando que ese pudiera ser un camino, ¿sería suficiente con poner en el mercado estos suelos vacantes, o estas viviendas a rehabilitar, para solucionar el problema? Siendo optimistas, esto podría servir para salir del paso en una legislatura, pero ¿podemos afrontar por este camino un futuro de sólo tres o cuatro décadas en las que la población amenaza con duplicarse de nuevo? ¿Podríamos absorber una nueva población de 800.000 habitantes? La falta de realismo suele pagarse muy cara. Se puede estar contra el crecimiento desmesurado, seguramente todos lo estamos, pero no se puede estar desprevenido frente a él. Y nosotros, por el momento, estamos desprevenidos. La isla entera lo está. Porque no estamos preparados, ni tenemos instrumentos legales, para el caso en que, no habiendo sido capaces de detener el crecimiento, debamos afrontarlo de la manera más racional posible, a saber: con el menor coste territorial, con el menor coste social, con el menor consumo de recursos. ¿Se pueden imaginar el aspecto que tendría esta isla dentro de cuatro décadas -doble población, doble número de vehículos, urbanización dispersa- si se continúa con el modelo actual de ocupación del territorio? La cuestión, por tanto, no está, exclusivamente en el cuánto creceremos -esta batalla debe lucharse pero es de dudoso éxito- sino, sobre todo, en cómo vamos a ordenar el territorio para que el previsible crecimiento sea sostenible.

4. El problema no es urbanizar ocupando suelo rústico, sino la manera de hacerlo.

¿Alguien se lamentó cuando el Plan Territorial o los diferentes planes generales, para dar cabida al crecimiento, ampliaron el suelo urbanizable a costa del rústico? Nadie; y con razón, porque ¿puede alguien decirme por dónde se puede crecer si no es ocupando suelo rústico? ¡Así se ha crecido desde la más remota antigüedad sencillamente porque (salvo que estemos dispuestos a construir rascacielos, lo que sería aberrante en esta isla) no hay otra manera de hacerlo! Y puesto que a medio plazo -y salvo magia- no hay otra manera de crecer que ocupando suelo rústico, las cuestión que más debe preocuparnos es, primero, dónde debe ubicarse el suelo a ocupar de manera que cause el menor perjuicio al medio ambiente, y, segundo, cómo debe ocuparse este suelo, es decir con qué modelo urbanístico, para causar el menor impacto.

5. Dónde. Las Áreas de Crecimiento previstas en el Plan Territorial -casi todas adosadas a los cascos urbanos existentes- podrían no ser las más adecuadas para crecer. También aquí, a mi entender, erró el PTI. Sobre todo cuando se trata de la periferia de pueblos como Montuïri, Campanet, Muro, Búger, Santanyí, s´Arracó, Selva y tantos otros, verdaderos centros históricos de incalculable valor patrimonial que no fueron suficientemente valorados por algunas administraciones públicas. Hasta tal punto, que el propio Consell redactó un Plan Territorial en el que estos monumentos urbanos se ven agredidos por una serie de añadidos periféricos (las citadas Áreas de Crecimiento) que sobrecargan y desequilibran unas frágiles estructuras medievales (véase la entrada a Campos por la carretera de Palma, antes memorable y hoy convertida en un caótico conjunto de naves industriales, supermercados y bloques de viviendas; véase la silueta menguante de Campanet o de Sineu, o los adosados de Sant Joan, etc). Si algo se puede afirmar con rotundidad es que éste no es el suelo rústico adecuado para crecer. Incluso podría añadirse: ese suelo rústico (el que rodea a estos pueblos, que deberían tratarse de una vez como los conjuntos monumentales que son) es el menos adecuado para crecer, junto con las zonas costeras y las naturales ya protegidas. No deberíamos permitir que, merced a estos añadidos periféricos, se siga degradando el entorno de conjuntos como los de Pollença, Santanyí, Porreres, s´Arracó, Petra y tantos otros, con actuaciones de crecimiento que son verdaderos hachazos a un patrimonio histórico irrepetible. Sin duda sería preferible construir dejando una franja de protección de suelo rústico intocable rodeando estos pueblos. Tiempo tendremos de arrepentirnos cuando ya sea tarde; conocemos bien el camino en esta isla. Y por distintas razones pero de similar peso, tampoco es adecuado que las periferias de Palma, Manacor o Inca, sigan creciendo por adición de urbanizaciones dormitorio dispersas -y carentes de equipamientos- para culminar el caótico camino sin salida que han seguido otras ciudades en el siglo XX. Me preguntarán ustedes: si no debemos crecer en las zonas costeras ni en las zonas protegidas, ni en las periferias urbanas, ¿dónde entonces? Enseguida hablaremos de esto.

6. Cómo. Lo que sí debería haber previsto el PTI es un modelo capaz de absorber, en las nuevas áreas urbanas, densidades medias o altas (limitando a la vez las alturas, lo que resulta perfectamente posible), a fin de consumir el mínimo de suelo rústico y de causar el mínimo impacto al entorno. Pero no lo hizo. Casi nadie criticó al Plan Territorial por establecer densidades máximas (bajas), cuando debería haber obligado a todo lo contrario, a densidades mínimas (medias o altas), a fin de preservar al máximo el consumo de territorio. Ahí sí que se encerraba una concepción de la manera de ocupar el territorio desmedida. Pero ni siquiera el GOB apoyó en esto a los pocos que lo denunciamos: se confundió baja densidad con baja ocupación, cuando significa todo lo contrario. Si queremos estar preparados para absorber una determinada población con el mínimo consumo de territorio debemos tener preparado un modelo de alta densidad, es decir, de baja ocupación de territorio. El PTI no lo previó, sino al contrario: su baja densidad "obliga" a una elevada ocupación de suelo rústico. Grave error de concepto en un territorio limitado como Mallorca. Mientras las administraciones y las asociaciones ecologistas no comprendan esto será difícil progresar.

Aceptando, pues, que las soluciones sostenibles deben buscarse entre los modelos de alta densidad, mi postura acerca de con qué modelo urbanístico y dónde se debería crecer es bastante conocida y creo que daría para una segunda entrega de este artículo, tal vez necesaria porque muchas personas, incluyendo al GOB y algunos colegas, han interpretado mi propuesta de construir pequeñas ciudades compactas, de baja altura y alta densidad, de manera poco exacta. El emplazamiento debería elegirse cuidadosamente teniendo en cuenta el impacto paisajístico, que debería ser mínimo (una pequeña ciudad para 10.000 habitantes, con manzanas de tres plantas de altura y con todos los equipamientos necesarios no ocuparía más que un nudo de autopista). La crítica ha precedido a menudo al análisis, tal vez porque no he sabido expresarme con claridad. Trataré de hacerlo en una segunda parte de este artículo. Tampoco debe olvidarse que la reconversión de áreas ya urbanizadas en lugares inadecuados es un camino a tener en cuenta, y que exigirá inversiones y un laborioso esfuerzo de gestión.

Y una última reflexión, volviendo a la propuesta de Carbonero: desde luego todos tenemos derecho a criticar a quien haga falta y a hacerlo como mejor nos parezca; pero si se acepta que la escasez de vivienda social es un problema acuciante (y si seguimos por este camino lo será más en el futuro), y si se acepta que un conseller de Vivienda tiene la obligación de intentar resolver o paliar ese problema, no parece razonable criticar su propuesta, por fronteriza que sea, sin llevar antes bajo el brazo una alternativa. Otra opción que se ha barajado es la de aprovechar la nueva Ley del Suelo estatal, que permite expropiar -a valor de mero suelo rústico- alegando interés social. Pero los problemas políticos que un camino como este podría generar lo convierten asimismo en poco viable. En mi opinión, cuando las leyes y las normas vigentes, el Plan Territorial o la todavía inexistente ley del suelo autonómica, no son capaces de dar respuesta a problemas acuciantes, lo que debe cambiarse (o redactarse adecuadamente) son los planes y las leyes. Así ha ocurrido siempre en democracia, por el bien de todos. Para ello será necesario, antes, tener claro el modelo al que queremos dirigirnos. Las dificultades por encontrar solución al elemental problema de la vivienda no significan sino una señal de alarma más, que nos avisa de que nuestro modelo de ocupación del territorio, y las leyes que lo bendicen, es obsoleto e inoperante; no sólo para ofrecer una visión del futuro realista y tranquilizadora, sino para resolver los problemas del presente más inmediato. De hecho, se trata de leyes y modelos que siguen anclados a esquemas anteriores a la gran explosión demográfica. En mi opinión, la apuesta Carbonero ha tenido, cuando menos, la virtud de abrir el tarro de las esencias al poner sobre la mesa las debilidades del sistema, y señala la necesidad urgente de abrir un debate ciudadano en profundidad -y con el consenso de todos los partidos políticos- sobre cuál es el modelo territorial y urbano más adecuado para la Mallorca del siglo XXI. Un siglo que viene sobrecargado de población y de tránsito rodado, dos variables que sin duda obligarán a plantear nuevos modelos. Un territorio escaso y apetecido, como es Mallorca, no puede permanecer desprevenido.

*Arquitecto.