Los abogados del Bloc han pedido al juzgado de lo contencioso-administrativo 1 de Palma, que tramita una demanda contra el concurso de adjudicación por el anterior Consell de Mallorca, de los solares de Can Domenge a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Sacresa-Ferrá Tur, deje en suspenso la construcción de viviendas en dichos terrenos, para evitar graves perjuicios a los intereses públicos.

La petición de la representación procesal del Bloc está relacionada con la posibilidad de que los recursos contencioso-administrativos contra el proceso de enajenación de las fincas de Can Domenge, que fueron interpuestos por fuerzas políticas de izquierda y por algunos de los concursantes perdedores, se dejen en suspenso en tanto la justicia penal no se pronuncie.

La fiscalía anticorrupción y el empresario catalán Josep Lluís Núñez i Navarro están impulsando una investigación en el juzgado de instrucción 12 de Palma contra la anterior cúpula del Consell de Mallorca, gobernado por Unió Mallorquina y el Partido Popular, técnicos de dicha institución y los ganadores del concurso.

Obras en breve

El Bloc argumenta al juez de lo contencioso que Sacresa-Ferrá Tur podría iniciar en breve las obras de construcción de los varios centenares de viviendas de diseño en Can Domenge.

La coalición de izquierdas insiste también en impugnar las condiciones de la adjudicación: la enajenación del solar por un precio máximo que era la mitad de su valor de mercado; la brevedad de los plazos establecidos en el concurso para redactar y presentar los proyectos de la urbanización; y otras cláusulas sin justificación objetiva alguna.

Perjuicio para la UTE

Los abogados demandantes también echan mano del informe de los peritos del Colegio de Arquitectos aportado en la causa penal y donde se acreditaría la pérdida para las arcas públicas de, por lo menos, 30 millones de euros con la venta de los solares a mitad de su precio por parte del Consell.

El Bloc piensa que las condiciones del concurso fueron, como mínimo, sospechosas y estima más adecuado impedir el inicio de las obras en tanto la justicia penal no clarifique el proceso. Si se admite la suspensión (del proyecto) "evidentemente a la única parte a la que se perjudica es a la empresa (la UTE Sacresa-Ferrá Tur) a la que se adjudicó el concurso en unas condiciones sospechosas, pero el interés general debe prevalecer sobre el particular", alega en Bloc.