Francesc Miralles, uno de los mayores accionistas de la Policlínica Miramar, declaró ayer como testigo en el sumario por los presuntos delitos societarios y fiscales atribuidos a los principales gestores de dicho centro y que instruye la magistrada Carmen Abrines. Fernando Mateas, abogado de otro de los socios de la Policlínica Miramar, el doctor Pau Ramis, pidió a la jueza que otorgara la condición de imputado a Miralles, pero la magistrada rechazó la solicitud y le invitó a hacer una ampliación de la querella.
Miralles compró un lote de acciones del centro hospitalario a otros de los propietarios, los también médicos Miquel Dalmau y Cristóbal Pizá, que figuran como imputados en el sumario por supuestos delitos societarios millonarios y fraude fiscal.
Mateas argumentó que la compraventa de dichas acciones podría ser constitutiva de otras irregularidades tributarias o, incluso, de insolvencia punible. La jueza le indicó que usara otra vía procesal para depurar esas hechos. La misma magistrada decretó anteayer el embargo de toda la fortuna de Dalmau y Pizá para garantizar una fianza de 3,5 millones de euros.
