La fiscalía balear ha puesto en marcha un proceso que trata, por vez primera en muchos años en esta Mallorca nuestra, de poner coto al uso indebido de la información urbanística privilegiada como forma ilícita de obtener riqueza.
Una apuesta valiente pero que será muy difícil que llegue a buen puerto por lo complejo de las investigaciones que se han de resolver. Discernir cuál es la diferencia entre el empresario que se ha hecho rico simplemente gracias a su visión del negocio, -compró barato y vendió caro-, o el que lo hizo en connivencia con el servidor público, que tenía los instrumentos para enriquecerlo, será muy complejo. Lo que está claro es que en los cambios de calificación urbanística casi nada parece a simple vista trigo limpio.
